La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha encendido las alarmas sobre la transparencia en el sector inmobiliario, revelando detalles inquietantes sobre las prácticas comunes de las agencias. En un informe reciente, la OCU ha manifestado su preocupación por lo que describe como «deficiencias en la transparencia» en los servicios de las agencias inmobiliarias y las comisiones que aplican en las transacciones de compraventa de viviendas.
Una de las prácticas más cuestionadas por la OCU es la presión que ejercen las agencias sobre los propietarios para que firmen encargos en exclusiva por periodos de tres a seis meses. Esta exclusividad concede a las agencias el derecho a cobrar sus honorarios incluso si el propietario logra vender su propiedad por otras vías.
La investigación llevada a cabo por la OCU, que abarcó 60 agencias, reveló que las comisiones medias fijadas en estos servicios alcanzan el 5%, una carga económica considerable para los consumidores, que podría traducirse en miles de euros adicionales.
En Madrid, además, se ha detectado que todas las agencias investigadas inflan los precios de los inmuebles entre un 5% y un 10%
, afectando directamente a quienes intentan acceder al mercado de la vivienda. En otras ciudades, las estadísticas varían; en Barcelona, los precios tienden a estar más ajustados, mientras que en Sevilla se observó una tendencia a infravalorar los inmuebles.
La OCU atribuye estas carencias a la falta de una normativa uniforme sobre la intermediación inmobiliaria y reclama medidas concretas, como el establecimiento de un registro obligatorio de agentes inmobiliarios y la implantación de un seguro de responsabilidad civil para proteger a los consumidores.
Frente a un panorama en el que adquirir una vivienda en España representa un reto financiero de 7,8 veces los ingresos brutos de un hogar, la urgencia de clarificar y regular las prácticas en el sector se vuelve imperativa.
