El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) de Perú se encuentra en el centro de una polémica legal tras la decisión del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima que le impide supervisar el Puerto de Chancay. Este puerto es administrado por el gigante marítimo chino Cosco Shipping Lines. Ositrán planea apelar esta decisión ante la Sala Constitucional de la Corte Superior, según declaró Verónica Zambrano, su presidenta, en una entrevista a ‘RPP TV’.
Zambrano subrayó el papel del Estado en la determinación de los organismos pertinentes para operar dentro de las infraestructuras portuarias. «Quien decide qué organismos están dentro de una infraestructura portuaria es el propio Estado a través de sus leyes», destacó. Además, enfatizó que el rol de Ositrán es el de un regulador económico, esencial para evitar prácticas monopolísticas y corregir fallas de mercado.
El caso se originó en 2024 cuando Cosco Shipping Lines presentó un recurso de amparo alegando que la supervisión de Ositrán violaba sus derechos de control sobre el Megapuerto de Chancay. La empresa china posee el 60% de esta infraestructura, mientras que el 40% restante está en manos de Volcan Compañía Minera, una empresa peruana.
Este conflicto ha traspasado fronteras y ha causado inquietud en Estados Unidos. El pasado miércoles, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental expresó su «preocupación» por la situación, señalando que puede llevar a una pérdida de control del Perú sobre el puerto. Desde una cuenta oficial en ‘X’, destacaron que:
Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía
Ositrán espera revertir la decisión judicial al continuar con el proceso legal y, mientras tanto, el megapuerto de Chancay permanece en el ojo del huracán en el contexto de las relaciones internacionales y el debate sobre la soberanía económica en América Latina.
