La agencia de calificación crediticia S&P Global ha mantenido la vigilancia negativa sobre Redeia debido a la «presión financiera» que acompaña al nuevo período regulatorio. S&P ha expresado preocupación ante la regulación establecida para el periodo 2026-2031, puntualizando que carece del respaldo necesario en un escenario donde se anticipa un gasto de capital significativo. La agencia ha subrayado que dicha regulación es menos robusta que otras dentro del contexto europeo occidental.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó el 30 de julio un borrador para el marco retributivo del transporte eléctrico en España, que estará vigente de 2026 a 2031. Redeia tiene plazo hasta el 9 de septiembre para presentar alegaciones. Aunque las modificaciones propuestas por la CNMC mejoran la trayectoria de ingresos del grupo, S&P destaca que estas siguen siendo menos favorables en el contexto de un aumento crucial del capex necesario para la transición energética del país.
El aumento de la tasa de remuneración financiera al 6,46% nominal y antes de impuestos es relativamente modesto en comparación con el de sus homólogos
Además, S&P ha manifestado que la erosión de la rentabilidad, que es uno de los puntos fuertes de Redeia, podría verse afectada por la revisión de la remuneración de los gastos de explotación. La falta de indexación a la inflación y desfase en la recuperación de costes son algunos de los problemas estructurales que persisten en la propuesta reguladora.
A pesar de considerar el perfil de riesgo empresarial de Redeia como excelente, S&P alerta sobre el impacto del apagón ocurrido el 28 de abril, señalando que este incidente podría diluir la calidad crediticia de Redeia. Aunque la responsabilidad de Redeia no está legalmente reconocida, se espera que un próximo informe de la CNMC aclare la responsabilidad de cada parte involucrada.
El apagón pone de manifiesto la complejidad de la operación del sistema eléctrico español
Por último, la agencia ha señalado que la limitada inversión en comparación con otros países de Europa Occidental podría desencadenar riesgos adicionales de ejecución y operativos en el futuro, especialmente con el aumento previsto de inversiones entre 2026 y 2031.
