En el marco del pleno del Congreso, el grupo plurinacional Sumar se prepara para defender una proposición no de ley que busca endurecer la normativa de los préstamos rápidos en España. La iniciativa se centra en ampliar el ámbito objetivo de los créditos regulados, eliminando el límite actual de 200 euros, ante la proliferación de empresas que ofrecen préstamos de pequeños importes, entre 50 y 1.000 euros, en los últimos años.
Sumar alerta sobre los exorbitantes intereses que, en ocasiones, estas compañías imponen, alcanzando TAE de hasta 4,000%, 5,000% e incluso 59,000%. A esto se suma una preocupante falta de transparencia en la concesión de estos préstamos, llevando a los consumidores a lo que se describe como «espirales de pagos imposibles». Félix Alonso, diputado de En Comú, destaca que la actual normativa en España carece de una reserva de actividad específica para la concesión de crédito, lo que implica la ausencia de supervisión por parte del Banco de España y la inexistencia de un registro oficial para estas empresas.
La justicia se enfrenta a un escenario complicado, ya que muchos clientes no pueden demandar efectivamente debido a la disolución y desaparición de algunas de estas empresas
. La propuesta subraya la falta de un marco normativo claro que permita clasificar como usurario un crédito, y la ausente referencia por parte del organismo supervisor sobre estos productos.
Alineada con la Directiva Europea de 2023 sobre contratos de crédito al consumo, Sumar propone en su iniciativa una serie de medidas de protección al consumidor y regulación de los créditos rápidos. Estos pasos incluyen la definición de criterios para identificar préstamos abusivos, el establecimiento de límites para evitar costes de crédito excesivos y la implementación de un procedimiento de registro y supervisión para todos los prestamistas de crédito al consumo.
Además, se exige que las empresas del sector demuestren solvencia y mantengan prácticas respetuosas con los consumidores. Se insta también a someter a las empresas de crédito al control del Banco de España y prohibir la publicidad que destaque injustamente la facilidad de obtención del crédito frente a su coste real.
Finalmente, Sumar propone realizar un estudio conjunto con otras administraciones para detectar anuncios fraudulentos y abusos, utilizando incluso Inteligencia Artificial, y aplicar sanciones o iniciar procedimientos penales cuando sea necesario
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