El partido Sumar ha anunciado este lunes un nuevo Real Decreto Ley que contempla medidas urgentes con el objetivo de intervenir en el mercado de la vivienda en España. Estas medidas se centran en tres ejes fundamentales: la protección de los inquilinos, la lucha contra la especulación y la acaparación de viviendas, y la regulación de los pisos turísticos.
Medidas para proteger a los inquilinos
Sumar propone la congelación y prórroga de los contratos de alquiler. Esto incluiría añadir tres años adicionales a los contratos existentes. En áreas catalogadas como zonas tensionadas, la prórroga podría ampliarse dos años más, alcanzando un mínimo de diez años. Esto se aplicaría incluso si cambia el propietario del inmueble.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado que se empezará a implementar una regulación de rentas con carácter «general, inmediato y transitorio» hasta que se identifiquen las zonas tensionadas. Los nuevos contratos deberán establecerse al mismo precio que el anterior, con el fin de garantizar el derecho a la vivienda y limitar la especulación inmobiliaria.
Se trata de medidas eficaces, viables y de aplicación inmediata que serán útiles para rescatar un mercado de la vivienda que está secuestrado por agentes económicos que se están lucrando a costa del bienestar de las familias en España
Regulación fiscal y pisos turísticos
Para abordar la especulación, el decreto planea modificar el Impuesto Temporal de las Grandes Fortunas. Los propietarios de cuatro o más viviendas deberán tributar un 5% anual sobre su patrimonio inmobiliario. Además, se prevé una bonificación del 40% en el Impuesto de Sociedades para alquileres asequibles.
En cuanto a los pisos turísticos, los alquileres de hasta 30 días se considerarán turísticos, para evitar su categorización fraudulenta como «temporada». Estos deberán tributar con un IVA del 21%, y se implementará un régimen sancionador más estricto.
Todas estas medidas están siendo discutidas con los socios de Gobierno, con la intención de aprobar un marco legal que refuerce la seguridad jurídica de los arrendatarios y frene la compra especulativa de viviendas en el país.
