Los ministros de Transportes de la Unión Europea afrontarán en Luxemburgo una decisión trascendental sobre la reforma de los derechos de pasajeros aéreos. La propuesta busca extender los umbrales mínimos de retraso que permiten a los pasajeros reclamar compensaciones a las aerolíneas, una medida que ha generado controversia significativa.
La confrontación sobre los umbrales de compensación
El borrador actual propone aumentar el retraso mínimo, desde las actuales 3 horas a 4 horas para vuelos de menos de 3.500 kilómetros y 6 horas para vuelos más largos. Sin embargo, países como España y Alemania se oponen firmemente, argumentando que diluye derechos ya establecidos. La presidencia rotatoria de Polonia, que dirige las discusiones hasta junio, confía en encontrar un acuerdo, ya que un grupo considerable de naciones apoyan la propuesta, mientras que otros muestran cierta flexibilidad si se introducen variables que favorezcan a los pasajeros.
En el otro extremo están los países que piden establecer plazos aún más largos, entre 5 y 9 horas, al considerar los elevados costos de indemnización para las aerolíneas.
En contraste, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, ha defendido que elevar el umbral permitiría a las compañías activar medidas preventivas ante retrasos, como enviar aviones de recuperación.
El debate sobre el equipaje de mano
Otro punto de fricción es la propuesta de garantizar el embarque sin coste de un «elemento personal», susceptible de colocarse bajo el asiento. España y otros critican lo que consideran una ambigüedad en su definición, que podría permitir a las aerolíneas cobrar por equipaje de mano en cabina. A pesar de las diferencias, las fuentes consultadas creen que este aspecto no será un obstáculo para un acuerdo.
Aun cuando se llegue a un consenso, este es solo «el inicio del camino» hacia una negociación con el Parlamento Europeo.
Las discusiones también intentan clarificar las «circunstancias extraordinarias» que permiten a las aerolíneas evitar el pago de indemnizaciones por retraso o cancelación, tema que sigue en negociación. La reforma busca actualizar un reglamento considerado obsoleto desde que la Comisión Europea y el Parlamento fijaron sus posiciones sobre el tema en 2013 y 2014.
