La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha emitido una advertencia crucial: las comunidades autónomas podrían perder capacidad de gasto por un total de 5.485 millones de euros si el Congreso de los Diputados rechaza dos veces la senda de estabilidad propuesta por el Ejecutivo. Esta situación cobra relevancia de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.
Durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por el Ministerio de Hacienda, se planteó a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% para los años 2026, 2027 y 2028. Este enfoque permitiría a las regiones un margen fiscal que sumaría los mencionados 5.485 millones. Sin embargo, la ministra Montero ha señalado que, de no aprobarse esta senda, se deberá recurrir al Congreso de nuevo. En caso de rechazarse nuevamente, prevalecerán los objetivos delineados en el plan estructural fiscal remitido a la Comisión Europea, que establece un déficit del 0%.
Si no hay senda de estabilidad nueva aprobada por el Congreso, estaríamos al equilibrio presupuestario que se preveía en la ley y que se prevé en el plan estructural fiscal
Esto implicaría un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros para 2026, lo que se traduce en la pérdida de 5.485 millones de capacidad de gasto para las comunidades autónomas durante todo el periodo, alterando significativamente sus presupuestos.
Entregas a cuenta de un año récord
Hacienda también ha comunicado a las comunidades autónomas que recibirán el próximo año un récord de 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, lo que representa un 7% más que en 2025. Este incremento es posible gracias a la buena dinámica económica, superando la previsión previa de 156.990 millones comunicada en julio.
Si se suma la previsión de liquidación de 2024, la financiación total para las comunidades alcanza los 170.300 millones, un aumento del 7,7% respecto al ejercicio actual. Las decisiones en el ámbito fiscal y las entregas a cuenta revelan un panorama económico con implicaciones significativas para las comunidades autónomas en los próximos años, condicionadas por las discusiones y decisiones en el ámbito legislativo.
