La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió el rescate a la aerolínea Air Europa como una acción perfectamente legal, asegurando que el Gobierno actúa en interés de la mayoría social de España. Montero realizó estas afirmaciones durante una sesión en el Congreso de los Diputados, en respuesta a la diputada del Partido Popular, Cuca Gamarra, quien cuestionó los intereses que representa la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la cual está bajo el control del Ministerio de Hacienda.
Ante las acusaciones de corrupción lanzadas por Gamarra respecto al rescate de Air Europa, Montero subrayó que este procedimiento fue también totalmente legal y recordó el caso de Plus Ultra, donde los tribunales corroboraron la legalidad del rescate tras las críticas iniciales por parte del PP.
Los datos de crecimiento y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional muestran que defendemos los intereses de la mayoría
La ministra destacó varios logros de su gestión, tales como el crecimiento económico y el incremento del SMI en más de un 60%, así como el aumento de las rentas salariales. Montero cuestionó los intereses del Partido Popular, instándolos a aclarar su posición en temas como los aranceles, el SMI y la reforma laboral. Al respecto, insinuó que el PP podría estar sobre todo al servicio de las empresas energéticas, en alusión a sus críticas relacionadas con el apagón.
Por su parte, Cuca Gamarra reiteró que la SEPI, como importante entidad pública, opera bajo el Ministerio de Hacienda y que todas las decisiones relevantes, incluidos nombramientos, son supervisadas por la vicepresidenta. Gamarra también apuntó que los tribunales han encontrado indicios delictivos en el rescate de Air Europa, acusando a la SEPI de ser un instrumento para controlar empresas como Telefónica.
La SEPI se ha convertido en una agencia de colocación socialista
Las tensiones entre las dos partes continúan, con Gamarra acusando al Gobierno de corrupción y manipulación política en las empresas públicas, lo que augura un prolongado debate sobre el papel de la SEPI y la gestión gubernamental en este contexto.
