La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado su deseo de que la ley orgánica para la condonación de deuda de las comunidades autónomas del régimen común sea aprobada antes de que finalice el año. Durante una rueda de prensa en la que presentó la propuesta del Gobierno, Montero afirmó que se están realizando esfuerzos para lograr una tramitación acelerada de la norma.
«Nosotros vamos a impulsarla con la mayor celeridad posible y, por tanto, si contamos con que los grupos políticos compartan esta idea, pues tendremos capacidad de aprobarla lo antes posible», indicó Montero.
Las comunidades no deberían votar en contra, y si lo hacen, espero que el Consejo de Política Fiscal y Financiera tenga una mayoría suficiente para poder aprobar la medida
La ministra detalló que la propuesta fue enviada el lunes a todas las comunidades autónomas para su estudio, y que el miércoles se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además, se llevarán a cabo reuniones bilaterales de carácter técnico con cada comunidad autónoma, supervisadas por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. Este proceso incluirá la creación de comisiones mixtas para que cada comunidad acepte la cuantía correspondiente.
Montero explicó que, al tratarse de una ley orgánica, se requiere la elaboración de un anteproyecto que incluya trámites de consulta pública e informes preceptivos antes de que sea aprobado en el Consejo de Ministros. «A partir de ahí, son los grupos políticos los soberanos para decidir si lo que ponemos a su consideración cuenta o no con su visto bueno», añadió.
En cuanto al impacto financiero de la propuesta, Montero estimó que el ahorro en intereses podría oscilar entre 5.000 y 7.000 millones de euros, aunque este monto debe ser analizado en detalle, considerando la antigüedad de la deuda de cada comunidad autónoma. Sin embargo, enfatizó que esta cifra es preliminar y depende del endeudamiento con terceros de las comunidades que no están en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
La ministra también abordó las posibles repercusiones en la calidad crediticia del país, afirmando que el Gobierno español está gestionando su endeudamiento de manera ejemplar. «Estamos también abordando esta propuesta fruto de la buena situación económica que tiene el Gobierno de España, de la reputación que tiene en los mercados financieros».
Recalcó que la deuda del Gobierno y la de las comunidades forman parte de la misma ratio total, por lo que no debería haber incertidumbre en los mercados. «Esta propuesta se ha elaborado con absoluta rigurosidad, lo que va a permitir a España seguir financiándonos en condiciones adecuadas», concluyó Montero.
