Economía

Ocho años del 1-O: Cataluña recupera a algunas de las empresas que se fueron tras la crisis política

La confianza empresarial crece ante la estabilidad política y jurídica en Cataluña

Archivo - Fábrica de cemento
Por Redacción Capital

Hoy se cumplen ocho años desde el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, un hito que marcó un antes y un después en el tejido empresarial de la comunidad autónoma. La jornada, que culminó con una declaración unilateral de independencia, provocó un éxodo masivo de compañías catalanas hacia otras regiones de España ante la incertidumbre política y la inseguridad jurídica derivadas del denominado 'procés'. Más de 10.000 empresas cambiaron su domicilio fiscal fuera de Cataluña en los años posteriores, según los registros del Registro Mercantil y de Informa D&B, aunque sólo una pequeña parte lo hizo motivada directamente por la tensión política.

Entre los primeros grandes movimientos destacaron entidades financieras de relevancia, como CaixaBank y Banc Sabadell. Ambas trasladaron sus sedes, en el caso de CaixaBank a Valencia y en el de Sabadell a Alicante, apenas días después del 1-O, en un intento por garantizar la seguridad jurídica de sus operaciones y mantener la confianza de inversores y clientes. La fundación bancaria La Caixa, por su parte, optó por mudarse a Palma, decisión que también estuvo marcada por la necesidad de asegurar estabilidad ante la incertidumbre política. Estas salidas fueron acompañadas por un efecto dominó que implicó a numerosas empresas catalanas, incluyendo Abertis, Cellnex, Colonial, Adeslas, Catalana Occidente, Grupo Planeta, Indukern, Edreams y Idilia Foods, entre muchas otras.

En total, entre 2017 y 2024, Cataluña perdió cerca de 5.000 empresas según el balance de salidas y llegadas, con un saldo negativo que, aunque se ha ido moderando con los años, todavía mantiene a la comunidad en terreno desfavorable. Sólo 739 compañías de las que se fueron han regresado hasta ahora, lo que supone aproximadamente un 8% del total de salidas. Este limitado retorno evidencia que, aunque la tensión política ha disminuido, recuperar la confianza empresarial requiere tiempo y medidas de incentivo eficaces.

No obstante, el regreso de ciertas empresas en los últimos años ha despertado expectativas de un cambio de tendencia. La Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB), perteneciente al grupo Agbar, fue la primera en volver en septiembre de 2018, después de haberse trasladado temporalmente a Madrid. Más recientemente, en 2023 y 2024, empresas como Red Points, Laboratorios Ordesa y Cementos Molins decidieron retornar a la capital catalana tras varios años fuera. Red Points, especializada en detección de fraudes online, volvió desde Pamplona, mientras que Laboratorios Ordesa regresó desde Huesca, y Cementos Molins lo hizo desde Madrid, marcando así un hito al ser la primera empresa cotizada en devolver su sede social a Cataluña.

El impulso más reciente ha sido el anuncio de La Caixa y su brazo inversor Criteria Caixa, que regresan a Barcelona después de siete años y medio en Palma. Este movimiento no solo representa el retorno de dos gigantes de la banca, sino que también abre la vía a que otras empresas sigan su ejemplo. La relevancia de estas entidades es mayúscula: La Caixa es el primer accionista de CaixaBank, Naturgy y Colonial, y mantiene participaciones significativas en Telefónica, ACS y Veolia, lo que implica que su regreso podría generar un efecto multiplicador sobre otras compañías vinculadas.

Banc Sabadell también ha anunciado su intención de volver a Cataluña, completando así un círculo que se inició con la salida masiva de 2017. Tanto Sabadell como La Caixa y Criteria justifican su retorno en que "ya no se dan las circunstancias" que motivaron su traslado, haciendo referencia a la disminución de la tensión política y la recuperación de un entorno estable para los negocios.

A pesar de estos movimientos alentadores, los datos muestran que la recuperación aún es parcial. La mayor parte de los retornos provienen de Madrid, seguida de Valencia, Aragón y Andalucía. Sin embargo, comunidades como Castilla y León, Navarra y País Vasco siguen presentando saldos negativos en cuanto a empresas que regresan. El Ministerio de Hacienda ha impulsado incentivos para favorecer estos retornos, pero el efecto todavía es limitado frente a los temores que marcaron los años posteriores al 1-O.

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