Economía

OCU celebra la decisión del TSJM sobre Airbnb y pide más coordinación entre administraciones

La OCU pide regulación conjunta de alquileres turísticos tras fallo del TSJM, que ordena a Airbnb eliminar 5.800 anuncios ilegales.

OCU celebra la decisión del TSJM sobre Airbnb y pide más coordinación entre administraciones
Por Redacción Capital

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha solicitado a las distintas administraciones que trabajen de forma conjunta en la regulación de los alquileres turísticos, con el objetivo de establecer mayores mecanismos de control y sanción. Su reacción se produce tras la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que desestimó el recurso presentado por Airbnb contra una resolución del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El TSJM determinó que la plataforma debe eliminar 5.800 anuncios ilegales de su página web, lo que representa la primera de tres resoluciones emitidas por el departamento dirigido por Pablo Bustinduy. Estas resoluciones instan a Airbnb a bloquear un total de 65.935 anuncios que han sido considerados ilícitos por incumplir la normativa vigente en diferentes comunidades autónomas. Aunque Airbnb ha manifestado su intención de recurrir las otras dos resoluciones, la OCU ha destacado que «aún hay mucho camino que recorrer».

La coordinación entre administraciones será vital para controlar y armonizar la oferta de vivienda turística

La OCU propone que esta colaboración entre administraciones permitiría no solo un control más efectivo de los alquileres turísticos, sino también ofrecer mayores medios de gestión y sanción a los municipios, a la vez que dotaría de «más peso a los vecinos propietarios». Asimismo, considera que la coordinación facilitaría el fortalecimiento de las autoridades de Consumo en la solución de problemas relacionados con el alojamiento turístico y potenciaría el alquiler tradicional en áreas donde la oferta sea escasa.

Adicionalmente, la organización estima que, mediante estas medidas, se podría incorporar «en el menor plazo posible» un total de 600.000 viviendas públicas en régimen de alquiler social, a la vez que se atraería al mercado viviendas privadas «infrautilizadas». Finalmente, la OCU concluye que el alquiler vacacional es «solo una parte del mercado de la vivienda» y enfatiza que cualquier acción reguladora debe ser evaluada de manera integral.

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