La controvertida reforma legal para ampliar los servicios de atención al cliente en lenguas cooficiales ha desatado un intenso debate en el Congreso. La propuesta, impulsada por Junts, requeriría que grandes empresas ofrezcan atención en todos los idiomas oficiales del Estado, independientemente de su ubicación geográfica. Ileana Izverniceanu de la Iglesia, de la OCU, y Rubén Sánchez García, de Facua, han testificado en la Cámara Baja, advirtiendo sobre posibles consecuencias económicas para las empresas y los consumidores.
Impacto Económico y Críticas del Sector
Durante la comparecencia, se destacó el riesgo de que los costos adicionales se transfieran a los consumidores. Izverniceanu subrayó que no existe un «clamor popular» en las diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas para implementar dichas medidas. Por su parte, representantes del Partido Popular y Vox cuestionaron la validez de obligar a todas las empresas a proporcionar atención las 24 horas del día en lenguas no cooficiales para sus respectivas ubicaciones.
Nos tememos que si obligamos a todas las empresas, aunque residan en otra comunidad en la que no haya lengua cooficial, a atender 24/7 en un idioma que no es cooficial en esa comunidad, al final ese coste se va a repercutir al consumidor
, advirtió Izverniceanu.
Posibles Beneficios Laborales y Críticas de la Patronal
Facua introdujo un matiz positivo al sugerir que la medida podría generar empleo en España al requerir grupos de atención en comunidades autónomas con lenguas cooficiales. Sánchez enfatizó que, aunque el proceso sería costoso, «no sería excesivamente complicado» de implementar.
Por otro lado, la respuesta de la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes (AEERC) fue tajantemente crítica. Su presidente, José Francisco Rodríguez García, declaró que el proyecto de ley «criminaliza» a las empresas y podría tener un impacto significativo en sus operaciones. También se mostró en contra de la rápida gestión de reclamaciones, considerando la regla de los tres minutos inviable en términos de costos.
Creemos que es un prejuicio para todo el colectivo de empresas españolas que se debería modificar
, expresó Rodríguez García.
