La Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (Ceoppan), la Confederación Española de Detallistas de la Carne (Cedecarne) y la Federación de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca) han expresado su total oposición a la reciente aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, decisión que tuvo lugar este martes en el Consejo de Ministros. Estas organizaciones representan a más de 42.000 micro, pequeñas y medianas empresas en el sector, las cuales generan empleo para más de 180.000 personas en España.
En un comunicado conjunto, los panaderos, pasteleros, carniceros y pescaderos artesanos han advertido que esta medida generará una gran dificultad para la supervivencia de sus negocios. Aseguran que la rebaja de la jornada laboral plantea una barrera más a su competitividad y pone en grave riesgo la viabilidad de muchas de estas empresas, resultando en un daño económico y social considerable.
Las organizaciones patronales han recordado que sus establecimientos están enraizados en la práctica totalidad de los pueblos y ciudades de España
Estas asociaciones destacan la importancia de sus comercios en la economía circular y el comercio de proximidad, resaltando su compromiso con la sostenibilidad y la baja huella de carbono. Además, han realizado un notable esfuerzo para adaptar sus procesos y servicios, enfocándose en ofrecer productos más saludables y de mayor calidad en un entorno ya fuertemente competitivo.
El Consejo de Ministros, tras aprobar la medida, ha enviado la norma al Congreso de los Diputados, donde se espera obtener los apoyos necesarios para su ratificación, a pesar de la oposición de algunos grupos. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha indicado que 12,5 millones de trabajadores se beneficiarán de esta reducción, aunque las patronales cuestionan la eficacia de la medida en su sector, que ya ha sido golpeado por diversos factores, incluidos los incrementos descontrolados en los costos de operación.
Este acuerdo, resultado de las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, ha sido rechazado por las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que argumentan que la jornada laboral debe ser establecida mediante negociación colectiva.
