El presidente interino del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) de Perú, Aurelio Ochoa, ha planteado la posibilidad de sancionar a Transportadora de Gas del Perú (TGP) debido a la explosión ocurrida el pasado 1 de marzo en el yacimiento de Camisea. Este incidente causó un significativo desabastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional. Durante una entrevista con el suplemento ‘Económika’, recogida por la agencia ‘Andina’, Ochoa afirmó que
lo ocurrido no es fortuito: pudo existir alguna negligencia. Todo ello está bajo investigación y, de ser el caso, definitivamente habrá una sanción
.
Ochoa ha puesto de relieve la problemática de contar con solo un gasoducto para el transporte de gas natural y otro para el de líquidos. Aunque TGP, según el contrato, cumplió con la obligación de realizar las instalaciones necesarias para el traslado de hidrocarburos y el mantenimiento del sistema, la responsabilidad del tendido de nuevas infraestructuras recae sobre el Estado peruano. Ochoa resaltó que
el tema de la redundancia de ductos nunca fue abordado por los Gobiernos anteriores
, lo que complica la situación actual.
Propuestas para el futuro energético de Perú
A pesar de valorar la «pronta respuesta» y «estrecha coordinación» entre el Ejecutivo, el regulador, TGP y la Fuerza Aérea peruana, el desabastecimiento se considera «dramático». En un contexto problemático como el conflicto en Oriente Próximo, Ochoa sugiere que el futuro Gobierno deberá implementar medidas preventivas para evitar incidentes similares. Entre estas medidas se incluye la creación de una red gasista redundante y la reanudación del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), actualmente completado al 38%.
También es fundamental la construcción de una planta regasificadora en Melchorita, situada en la provincia de Cañete, que permitiría importar gas natural licuado (GNL) en caso de que surjan disrupciones en el sistema productor nacional.
El papel de TGP y su situación empresarial
TGP, respaldada por el fondo inversor estadounidense EIG, la petrolera estatal argelina Sonatrach y Enagás, enfrenta desafíos no solo técnicos, sino también financieros. Según el último informe anual de Enagás, la empresa española posee un 28,95% del capital de TGP. Actualmente, TGP se encuentra en litigio con el Estado peruano debido a restricciones en la repatriación de dividendos, esperando un laudo favorable. En 2024, TGP registró beneficios netos de 269,7 millones de dólares (234,9 millones de euros) y unos ingresos de 768,5 millones de dólares (669,4 millones de euros), lo que representa un descenso de 7,4% y 2%, respectivamente.
