El Gobierno de Gustavo Petro ha dado un paso importante en su política económica tras la decisión de aplicar una tributación progresiva debido a la negativa del Congreso a la Ley de Financiamiento. Esta medida se formaliza a través de un decreto de emergencia económica. Según el ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Germán Ávila, la iniciativa busca «ampliar los ingresos de las finanzas públicas a través de la tributación», fomentando así la estabilidad fiscal sin incurrir en mayores niveles de endeudamiento.
El nuevo esquema tributario se centra en los mayores patrimonios del país. Los patrimonios comprendidos entre 3.600 y 6.000 millones de pesos tendrán una tarifa del 1%, aquellos entre 6.000 y 12.000 millones afrontarán una tarifa del 2%, mientras que los que se sitúan entre 12.000 y 100.000 millones de pesos se gravarán con un 3%. Para los patrimonios superiores a los 100.000 millones de pesos, la tarifa alcanzará el 5%.
Ávila descartó categóricamente la implementación de un impuesto sobre las transacciones financieras, conocido como 5×1.000. Esta medida hubiera afectado cada transacción en el sistema financiero con un costo de 5 pesos por cada 1.000 movidos.
Esta alternativa frente al incremento del endeudamiento permite responder a las obligaciones del Estado sin comprometer la sostenibilidad fiscal
El decreto de emergencia económica es vital para los planes económicos de Petro, quien espera recaudar 16,3 billones de pesos (equivalentes a 3.676 millones de euros) para solventar el déficit fiscal y consolidar el presupuesto nacional hacia 2026, especialmente tras el rechazo a la Ley de Financiamiento en diciembre. El Decreto 1390 otorgará al Gobierno colombiano la capacidad de «dictar decretos con fuerza de ley» durante un período de 30 días, lo que incluye la creación de nuevos impuestos si resulta necesario.
