El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha emitido una advertencia sobre el aumento de los riesgos para el mercado laboral y la inflación. Esta situación ha llevado a la entidad a buscar una «mayor claridad» antes de realizar cualquier modificación en los tipos de interés, que actualmente oscilan entre el 4,25% y el 4,50%.
Durante una rueda de prensa, Powell destacó que, a pesar de la creciente incertidumbre, la economía estadounidense se mantiene en una posición sólida. La tasa de desempleo sigue siendo baja, y el mercado laboral opera en régimen de pleno empleo o próximo a él. Aunque la inflación ha disminuido considerablemente, sigue por encima del objetivo del 2% a largo plazo.
Los aumentos arancelarios anunciados hasta ahora han sido considerablemente mayores de lo previsto
Powell también subrayó el impacto potencial de las políticas comerciales de la Administración Trump, que incluyen cambios en las políticas migratoria, fiscal y regulatoria. Los aranceles propuestos están aún en desarrollo, y su efecto sobre la economía es incierto. El efecto proinflacionario dependerá de cuánto se eleven finalmente los aranceles y de si estos se trasladan completamente a los precios finales o alteran las expectativas de inflación a largo plazo.
El responsable de la Fed argumentó que no hay necesidad de apresurarse en la toma de decisiones, afirmando:
No tenemos por qué tener prisa. La economía resiste y va bastante bien
También indicó que los costes de esperar más son relativamente bajos.
Adicionalmente, Powell consideró «muy probable» que, en el segundo trimestre, las importaciones disminuyan, tras haber aumentado notablemente en el primer trimestre como respuesta a las tarifas. Esta reducción se traduciría en una contribución «inusualmente positiva» para el PIB en los próximos datos trimestrales.
Por último, el presidente de la Fed se pronunció sobre la deuda de Estados Unidos, observando que no se encuentra en niveles «insostenibles», aunque sí en una trayectoria preocupante. Resaltó que corresponde al Congreso gestionar las cuentas públicas, no a la Reserva Federal.
