El Real Decreto-ley 2/2023, que entró en vigor en enero del pasado año, marcó un cambio radical en el tratamiento de los periodos de formación de los estudiantes en España, especialmente en lo que respecta a las prácticas laborales, tanto remuneradas como no remuneradas. Este cambio tiene una incidencia directa no solo en el ámbito académico, sino también en el laboral y social. El principal objetivo de esta normativa es proporcionar una cobertura a los estudiantes durante sus periodos de formación, reconociendo el valor de estos momentos como parte de su vida laboral, y contribuyendo a su futura jubilación a través de la cotización a la Seguridad Social.
Un giro en la integración de los becarios
Antes de la implementación de este Real Decreto, los estudiantes en prácticas no tenían derecho a cotizar a la Seguridad Social, salvo en algunos casos específicos. Esto significaba que, aunque los jóvenes dedicaran meses de su tiempo y esfuerzo a prácticas profesionales, no contaban con una protección social por este trabajo. El nuevo marco normativo cambia esta dinámica al obligar a las empresas y universidades a incluir a los becarios en el sistema de cotización, independientemente de que reciban o no remuneración por sus prácticas. Esta medida ha sido especialmente relevante para estudiantes universitarios y de formación profesional, quienes, a partir de ahora, estarán cubiertos por la Seguridad Social durante el tiempo que duren sus prácticas.
"Al mejorar las condiciones laborales y salariales de los becarios, se incrementa su poder adquisitivo. Esto puede traducirse en un aumento del consumo, ya que los becarios, al tener más ingresos disponibles, pueden gastar más en bienes y servicios. Este aumento en el consumo puede estimular la demanda agregada y, por ende, la producción y el empleo en la economía", señala José Manuel Corrales, coordinador del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Europea.
“Nuestro enfoque educativo transforma la educación, las comunidades y las vidas de los estudiantes”
Si bien esta normativa no incluye la cobertura por desempleo, ofrece protección en otros aspectos esenciales, como la jubilación y la incapacidad temporal, lo cual tiene implicaciones a largo plazo para la seguridad económica de los estudiantes. A su vez, aquellos que realizaron prácticas antes de la entrada en vigor de la ley, podrán suscribir un convenio especial para poder contar con hasta cinco años de cotización. Este tipo de medidas también buscan corregir desigualdades previas, especialmente en el caso de los becarios no remunerados, quienes durante años no tuvieron acceso a este tipo de protección.
"La normativa busca una distribución más equitativa del ingreso al garantizar que los becarios reciban una compensación justa y beneficios laborales. Esto puede reducir la desigualdad salarial y mejorar la cohesión social. Una distribución más equitativa del ingreso es crucial para mantener una demanda agregada estable y evitar crisis de sobreproducción. Al asegurar que los becarios tengan derechos laborales y protección social, se reduce la precariedad laboral", añade Corrales.
Impacto de la reforma en las empresas
La implementación de esta normativa ha supuesto un desafío tanto para las universidades como para las empresas, especialmente en cuanto a los costos administrativos y la gestión de la cotización de los becarios. Las universidades, que tradicionalmente organizaban las prácticas, ahora se ven obligadas a asumir una parte de la cotización no bonificada, un 5% que puede suponer una carga financiera adicional. Sin embargo, la legislación prevé que las empresas que acojan a los becarios, ya sean remunerados o no, puedan beneficiarse de una bonificación del 95% en la cotización a la Seguridad Social, lo que reduce el impacto económico de la medida. Esta bonificación resulta clave para que las empresas sigan viendo a los becarios como una opción viable para el desarrollo de sus proyectos sin que ello suponga un coste excesivo para su balance financiero.
A pesar de la bonificación, las empresas se han visto obligadas a adaptar sus procesos administrativos para gestionar tanto a los becarios remunerados como no remunerados, lo que ha incrementado la carga burocrática. Es aquí donde las soluciones tecnológicas avanzadas juegan un papel importante, especialmente aquellas que facilitan la gestión de horarios, la planificación de turnos y el control administrativo de las prácticas. Herramientas como las utilizadas por Grupo Spec, que permiten una integración eficiente entre empresas y universidades, han ganado relevancia. Como señala Marcelo Dos Reis, CEO de Grupo Spec, estas tecnologías permiten reducir la carga cooperativa y asegurar el cumplimiento de la normativa, asegurando que las empresas puedan gestionar de manera eficaz a los becarios sin incurrir en complicaciones adicionales.
En ese sentido, José Manuel Corrales, asegura que "la Seguridad Social fortalece el sistema de protección social, lo que puede actuar como un estabilizador automático en tiempos de crisis. Aunque las empresas pueden enfrentar costos adicionales debido a la nueva normativa, estos costos pueden ser compensados por los beneficios de tener una fuerza laboral más motivada y productiva. Además, al mejorar la formación y las condiciones de los becarios, las empresas pueden beneficiarse de una mayor retención de talento y una reducción en los costos de rotación".
Implicaciones a largo plazo
Desde una perspectiva de largo plazo, la medida puede tener efectos profundamente positivos en la integración de los jóvenes en el mercado laboral. Al reconocer oficialmente las prácticas como parte del ciclo de vida laboral y al garantizar una cotización a la Seguridad Social, los becarios podrán empezar a acumular tiempo de cotización desde etapas tempranas de su carrera profesional, lo que contribuirá a una mayor estabilidad económica en el futuro. Sin embargo, estos beneficios solo se materializarán si las universidades y empresas reciben los recursos necesarios para adaptarse a la nueva normativa sin que ello suponga una barrera insuperable.
El reto de esta reforma, por tanto, radica en lograr un equilibrio entre las ventajas sociales de la medida y los costes administrativos y financieros que conlleva. Si las empresas logran ajustar sus sistemas de manera eficaz y las universidades reciben el apoyo necesario, la nueva normativa podría resultar en "una mejora sustancial de la calidad de las prácticas profesionales", tanto en términos de experiencia como de beneficios sociales.
