El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha logrado un importante hito en la regulación del turismo y la protección del consumidor, al conseguir que seis multinacionales retiren más de 100 anuncios de alojamientos vacacionales en territorios palestinos ocupados por Israel. La medida, anunciada el pasado 2 de febrero de 2026, responde a un requerimiento enviado en diciembre de 2025, en el que se solicitaba a siete plataformas de alojamiento eliminar 138 anuncios que promocionaban propiedades situadas en asentamientos israelíes, considerados ilegales según el derecho internacional. Hasta la fecha, seis de estas empresas han cumplido, retirando 108 anuncios, mientras que la séptima plataforma debe eliminar los 30 restantes.
Esta acción se enmarca en el Real Decreto-ley 10/2025, conocido como “de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza”, aprobado en septiembre del año pasado. El decreto establece, entre otras medidas, la prohibición de publicidad de bienes y servicios provenientes de territorios ocupados, con el objetivo de impedir que empresas privadas contribuyan a la normalización de actividades económicas en asentamientos ilegales. En particular, el artículo 4 del decreto califica como ilícita la comercialización de bienes originarios de estos asentamientos y de los servicios prestados en ellos, considerando que su promoción constituye una vulneración tanto de la legislación nacional como del derecho internacional.
El requerimiento del Ministerio de Consumo no solo afecta al mercado español, sino que también tiene alcance internacional, ya que se exige que los anuncios dirigidos a consumidores españoles sean eliminados, aunque la plataforma opere en otros países. Los anuncios identificados incluían alojamientos ubicados en más de 200 códigos postales de territorios ocupados, como Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, y en muchos casos presentaban las localidades como si fueran parte del Estado de Israel, omitiendo información crucial sobre su estatus legal y geopolítico. Esta omisión constituía una violación de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que obliga a proporcionar información veraz y completa sobre los productos y servicios ofrecidos.
La decisión del Ministerio se apoya, además, en la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, que establece que las violaciones de Israel en los territorios palestinos ocupados generan obligaciones jurídicas para los Estados miembros de la comunidad internacional. Según la Corte, los países deben tomar medidas para impedir relaciones comerciales o de inversión que mantengan la situación ilegal creada por Israel, lo que legitima la actuación del Gobierno español frente a las plataformas de alojamiento turístico.
La medida ha recibido apoyo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y el Observatorio Euro-Mediterráneo de Derechos Humanos, que consideran esta acción un paso clave para evitar que el turismo sea utilizado como herramienta de propaganda y normalización de la ocupación. Al mismo tiempo, ha generado críticas de entidades pro-israelíes y del propio gobierno de Israel, que perciben la medida como una interferencia en cuestiones territoriales. Sin embargo, el Ministerio ha defendido la acción, insistiendo en que se trata de una cuestión legal y de protección del consumidor, y no de política exterior.
Más allá del impacto político, la retirada de los anuncios implica un cambio en la forma en que las empresas turísticas deben operar. Las plataformas afectadas enfrentan sanciones económicas y posibles daños reputacionales si no ajustan sus contenidos publicitarios a la legislación vigente. A mediano y largo plazo, se espera que el sector refuerce sus mecanismos de control interno, incorpore criterios jurídicos en la planificación de marketing y promueva un turismo más responsable, veraz y alineado con el derecho internacional. Este precedente podría influir en otros países europeos a revisar sus propias políticas sobre publicidad y comercialización en territorios en disputa, estableciendo un estándar global de transparencia y ética en el turismo.
Con todo, la actuación del Ministerio de Consumo liderado por Pablo Bustinduy no solo protege a los consumidores, garantizando información clara y veraz sobre destinos turísticos, sino que también envía un mensaje firme sobre la responsabilidad de las empresas frente a la legalidad internacional. La medida demuestra que el turismo ético no es solo una cuestión de reputación empresarial, sino una obligación legal y moral en contextos de conflicto y ocupación.
