La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a sumarse al pacto sobre vivienda promovido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dicho acuerdo, discutido en la reciente Conferencia de Presidentes en Barcelona, busca triplicar la inversión en vivienda, con el Estado asumiendo un 60% del coste y las comunidades autónomas el 40% restante.
Rodríguez ha urgido a Ayuso a incrementar en 700 millones de euros el presupuesto destinado al parque público de viviendas. En sus declaraciones, la ministra subrayó: «Decir que no a esto es decirle que no a muchos madrileños y madrileñas que hoy precisan una vivienda». Además, destacó que el Gobierno central ha multiplicado por ocho su presupuesto para vivienda, pasando de 400 a 4.000 millones de euros, lo que ha permitido el desarrollo del sector de la construcción y, consecuentemente, el crecimiento económico.
El Gobierno siempre aportará más, un 60% frente a un 40% de las comunidades autónomas, junto con esos dos elementos que parecen también de sentido común, que es que lo que construyamos hoy sea para siempre
Pese al aumento en la inversión, Rodríguez apeló a la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas para satisfacer la demanda de viviendas. En este contexto, recalcó la incorporación del municipalismo al esfuerzo a través de la cesión de suelo.
La ministra también ha solicitado a Díaz Ayuso «claridad de datos» respecto a las necesidades de vivienda en Madrid. Según Rodríguez, una cifra oficial proporcionada por un organismo público facilitaría «la planificación de una buena política» de vivienda y contribuiría a responder a la pregunta de cuántas personas realmente necesitan un hogar en la región.
Si ustedes se plantean como informadores que son, cuántos son las personas, las familias que precisan de una vivienda, de una, no dos ni tres, como ayer mencionaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, de una vivienda en la Comunidad de Madrid, les costará tener ese registro
En sus declaraciones realizadas en Getafe, Rodríguez subrayó la dificultad actual para conocer el número exacto de personas o familias necesitadas de vivienda en la región, y abogó por un «recurso público» que permitiera una planificación efectiva.
