Sumar defenderá este martes en el Pleno del Congreso una proposición no de ley cuyo objetivo es reformar el despido improcedente en España, buscando que sea realmente disuasorio para las empresas y restaurativo para las personas afectadas. Tras haber enfrentado una derrota previa en la Cámara Baja con su propuesta de reducción de jornada, este grupo plurinacional liderado por Yolanda Díaz lleva ahora otra de sus destacadas iniciativas económicas al Pleno.
La coalición Sumar propone que la indemnización por despido improcedente tenga en cuenta variables como la cifra de negocios, el tamaño de la empresa y otras circunstancias específicas al determinar la cuantía indemnizatoria. Esta postura se basa en la necesidad de establecer una indemnización que funcione como mecanismo disuasorio en casos de despidos sin causa. La intención es evitar que las empresas con mayores recursos puedan realizar despidos injustificados sin enfrentar consecuencias económicas proporcionales, práctica que actualmente afecta más a las pymes, mayoritarias en el tejido productivo español.
Sumar cita ejemplos internacionales, explicando que países como Francia y Alemania consideran factores como la antigüedad, el salario y las circunstancias específicas del despido al calcular las compensaciones. En estos países, los sistemas de indemnización por despido improcedente incluyen baremos y reglas específicas.
En España, la indemnización por despido improcedente es de 33 días por año trabajado, una cifra que los sindicatos CCOO y UGT consideran insuficiente. Estos sindicatos presentaron una demanda al Comité Europeo de Derechos Sociales, que determinó que las indemnizaciones actuales no alcanzan a ser disuasorias ni reparadoras. Sin embargo, el Tribunal Supremo de España ha dictaminado que, dadas las características de las declaraciones incluidas en la Carta Social Europea, el marco legal actual no puede ser modificado judicialmente para incrementar las compensaciones dependiendo de las circunstancias individuales.
En este escenario, Sumar considera que el problema del ordenamiento jurídico español no está en la suficiencia o insuficiencia de la indemnización por despido improcedente, sino en lo injustificado y hasta injusto del módulo de fijación de esta
Con base en esto, Sumar solicita al Gobierno que, en colaboración con el diálogo social, regule una indemnización por despido improcedente que sea tanto disuasoria como restaurativa, adecuándose a las necesidades y realidades actuales del mercado laboral español.
