Economía

Sumar pide eliminar recargos abusivos por extras imprescindibles al alquilar coches

Sumar propone en el Congreso reformar la Ley de Defensa de Consumidores para prohibir recargos abusivos en servicios esenciales al alquilar vehículos.

Sumar pide eliminar recargos abusivos por extras imprescindibles al alquilar coches
Por Redacción Capital

El grupo plurinacional Sumar ha llevado a cabo una iniciativa legislativa en el Congreso que busca reformar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta reforma tiene como objetivo considerar como cláusulas abusivas aquellos recargos que las empresas aplican por servicios extras imprescindibles, como sillas infantiles o elevadores, al alquilar vehículos. A través de una enmienda al proyecto de ley que regula los servicios de atención a la clientela, Sumar propone que los incrementos de precio por dichos servicios accesorios sean considerados abusivos cuando estos sean indispensables y no puedan ser satisfechos de manera autónoma por el usuario.

Estos recargos generan una importante interlocución con los servicios de atención a la clientela, derivada de las solicitudes de información sobre el recargo, así como las quejas y reclamaciones al efecto

Adicionalmente, Sumar ha presentado otra enmienda que obliga a las empresas a registrar, durante el depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, los medios de comunicación disponibles para sus clientes y los mecanismos de resolución de controversias a los que están adheridos. También se propone que las empresas proporcionen apoyo y asistencia personalizada a las personas vulnerables que presenten quejas o reclamaciones de manera presencial, asegurando que estos consumidores reciban el trato adecuado y equitativo.

Por último, se pretende calificar como infracción grave cualquier actuación discriminatoria contra los consumidores en el ejercicio de sus derechos, ya sea por la negativa a atender sus demandas o por imponerles condiciones desiguales. Estas propuestas están a la espera de ser discutidas en la ponencia de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, encargada de debatir la ley sobre los servicios de atención a la clientela, y su aprobación dependerá de la obtención de una mayoría a favor.

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