El grupo parlamentario Sumar ha registrado una serie de medidas legislativas en el Congreso con el objetivo de establecer más impuestos que desincentiven el uso de pisos turísticos en las Islas Canarias. Entre estas propuestas, se contempla la aplicación de multas para aquellos que operen sin una licencia adecuada en el archipiélago, el cual será declarado como zona tensionada.
Estas iniciativas se presentan a través de dos enmiendas a la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, actualmente en trámite en la Comisión de Hacienda y Función Pública. Las enmiendas se someterán a discusión en la ponencia de esta comisión y, si logran conseguir mayoría, se integrarán al articulado correspondiente.
Propuestas concretas para desincentivar el alquiler vacacional
La primera de las enmiendas busca implementar medidas fiscales para disuadir el uso de inmuebles con fines de alquiler vacacional. En este contexto, se plantea que el Gobierno, en un plazo de tres meses tras la aprobación de la norma y en colaboración con el Gobierno de Canarias, inicie los estudios necesarios para desarrollar estas medidas. Esta iniciativa se dirige a atajar el acceso a la vivienda, que actualmente plantea un grave problema en varias zonas del territorio nacional, particularmente en las áreas con alta presión turística, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El grupo busca corregir el grave problema de acceso a la vivienda que afecta a amplios sectores de la población
Asimismo, la enmienda sugiere la posibilidad de establecer un tipo impositivo específico dentro del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) para los servicios de alojamiento prestados mediante viviendas vacacionales, incluyendo las contratadas por medio de plataformas digitales. Sin embargo, dado que el Congreso no tiene la autoridad para modificar directamente el IGIC, Sumar insiste en la necesidad de que el Gobierno de España colabore con el canario para evaluar y fomentar medidas fiscales que limiten el uso intensivo de estos inmuebles.
Aplicación de la Ley de Vivienda y creación de un registro
Además, Sumar propone que la reforma se utilice para aplicar la Ley de Vivienda en las islas, aceptando las áreas solicitadas por los ayuntamientos del archipiélago que cumplan con los requisitos necesarios para ser declaradas como zonas de mercado residencial tensionado. Se sugiere también limitar la actualización de las rentas de alquiler y la creación de un Registro Autonómico de Contratos de Alquiler y de viviendas no residenciales, que funcione de manera interoperable con el Catastro y la Agencia Tributaria Canaria.
Las sanciones se destinarán a políticas de vivienda pública, priorizando el ámbito social
Por último, se contempla un régimen sancionador para quienes operen alojamientos turísticos sin licencia en zonas tensionadas, así como para aquellos que no declaren el uso de sus inmuebles. La propuesta prevé que el 100 % de los ingresos obtenidos por sanciones se destinen a políticas de vivienda pública. Asimismo, la coalición solicitará al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana los recursos complementarios del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda y del Fondo de Alquiler Asequible.
