Sumar ha propuesto la creación de una mesa de negociación con el ala socialista del Gobierno para definir las pautas del futuro Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030. Este partido minoritario aspira a aumentar la inversión en vivienda pública y asequible hasta los 65.000 millones de euros, equivalente al 1% del PIB. Esta cifra supera ampliamente los 7.000 millones de euros que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, sugirió destinar en la última Conferencia de Presidentes.
Entre las medidas propuestas por Sumar se incluyen la protección permanente de inmuebles de calificación pública y la creación de un parque público de alquiler con rendas asequibles que oscilen entre 400 y 600 euros. Además, destaca la intención de potenciar la agencia pública estatal con activos de la Sareb, abandonando el modelo de colaboración público-privada que, según Sumar, provoca sobrecostes. La estrategia también contempla la movilización de las 3,8 millones de viviendas vacías estimadas, con la creación de agencias públicas para gestionar alquileres asequibles.
Carlos Martín, portavoz económico de Sumar, destaca que el impacto presupuestario de estas acciones sería neutro gracias a las condiciones ventajosas de los créditos blandos europeos de la estrategia Next Generation. Para 2026, el compromiso es destinar 16.000 millones de euros a actuaciones en vivienda.
Elementos adicionales clave del plan
Sumar plantea que la ayuda a comunidades y ayuntamientos para el despliegue del parque público de vivienda asequible esté condicionada al cumplimiento de los objetivos del plan. Destacan la propuesta de vehiculizar la inversión en forma de «fondo competitivo», evaluada según la tensión del mercado inmobiliario en cada autonomía. Asimismo, defienden la transferencia de todos los recursos inmobiliarios públicos a una empresa pública de vivienda.
Otra medida prominente es la de establecer topes de precio en función de la renta media de cada barrio y la limitación de rebajas fiscales a propietarios que alquilen por debajo de estos índices. Además, se busca finalizar con alquileres turísticos ilegales y fomentar contratos de alquiler de larga duración. Por último, Sumar planea recurrir a una proposición de ley en el Congreso para concretar todas estas medidas y asegurar su implementación eficaz.
