El grupo Sumar ha presentado una nueva propuesta en el Congreso con el objetivo de que todos los suelos pertenecientes a la Sareb y su promotora, Árqua, sean integrados como patrimonio del Estado o de las comunidades autónomas que decidan asumirlo. Esta integración está condicionada a que los terrenos sean clasificados como viviendas de protección oficial de forma indefinida y que se construyan inmuebles protegidos para alquiler.
La iniciativa, presentada como una proposición no de ley, busca que el Gobierno transfiera estos suelos del conocido como «banco malo» a la empresa pública de vivienda, considerándolos así «patrimonio de suelo y vivienda del Estado». Desde la perspectiva de Sumar, se reconoce que la Sareb «puede jugar un papel importante» en la mejora del acceso a la vivienda a través de acciones llevadas a cabo desde los entes públicos.
La Sareb, creada en 2012 para ayudar a sanear el sector financiero tras la crisis económica, cuenta actualmente con un balance de más de 38.300 viviendas. Dentro de esta cifra, 13.000 de estas viviendas están arrendadas a familias en situación de vulnerabilidad. Por su parte, el Gobierno tiene la intención de transferir otras 15.000 viviendas que requieren reforma, además de incorporar 10.000 más entre 2026 y 2027. Actualmente, más de 14.000 viviendas están desocupadas y podrían ser habilitadas en el mercado.
Sumar resalta que la Sareb posee «mucho suelo» que debe ser declarado público y destinado a la construcción de vivienda de protección oficial
Asimismo, Sumar ha cuestionado la viabilidad de la licitación reciente de 50 suelos destinada a la construcción de 3.770 viviendas bajo el Plan Viena, la cual resultó desierta. La coalición sostiene que, a pesar de los esfuerzos de la Sareb por ajustar la licitación para atraer inversión privada, estos terrenos deberían ser cedidos a la nueva empresa pública para garantizar su uso adecuado y sostenible en el futuro.
