El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, en un contexto marcado por el encarecimiento tanto del alquiler como de la compraventa. Estas propuestas se presentarán dentro del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 y buscan responder a una crisis que se ha agravado en los últimos años, situando a España como uno de los países europeos donde más tarde se emancipan los jóvenes, superando de media los 30 años.
La medida más destacada es una ayuda de casi 30.000 euros para jóvenes de hasta 35 años en régimen de alquiler con opción a compra. El esquema planteado permitirá que lo abonado en concepto de renta se descuente posteriormente del precio final de la vivienda, siempre que se trate de inmuebles de protección oficial con carácter permanente. Esto implica que su precio estará tasado, no sujeto al libre mercado, y que cualquier futura reventa deberá hacerse bajo las mismas condiciones y a personas que cumplan requisitos similares. Según el Ministerio de Vivienda, con esta fórmula se persigue blindar las ayudas públicas contra la especulación y garantizar que estas viviendas permanezcan dentro del parque protegido a largo plazo. No obstante, actualmente esta modalidad apenas se utiliza: en 2023 solo se registraron 65 permisos para este tipo de promociones en toda España.
Junto a esta iniciativa, el Ejecutivo impulsará un seguro de impago de rentas para jóvenes, cuyo objetivo declarado es ofrecer mayores garantías tanto a propietarios como a inquilinos. Aunque no se trata de una propuesta inédita (ya se anunció en enero de 2024 y existen subvenciones previas articuladas por las comunidades autónomas), Sánchez ha subrayado que esta vez se pondrá en marcha de forma efectiva durante el presente periodo de sesiones parlamentarias.
Otra novedad es la creación de ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural, destinadas a municipios con menos de 10.000 habitantes. El Gobierno pretende que esta medida no solo facilite el acceso a la vivienda, sino que también contribuya a combatir la despoblación en territorios afectados por la pérdida demográfica o por catástrofes como los incendios. La ayuda, en cualquier caso, no podrá superar el 20% del valor del inmueble.
Además, Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo exigirá a las plataformas digitales de alquiler vacacional la retirada de más de 53.000 anuncios de pisos turísticos ilegales, con el objetivo de liberar viviendas hacia el mercado residencial. Paralelamente, ha asegurado que el Gobierno triplicará los fondos destinados a las comunidades autónomas para políticas de vivienda, siempre y cuando estas aumenten también en la misma proporción sus recursos. En conjunto, el Ejecutivo prevé movilizar hasta 7.000 millones de euros en los próximos cinco años.
El presidente ha defendido que se trata de un esfuerzo sin precedentes por parte del Estado en materia de vivienda, recordando que en la legislatura anterior se aprobó la primera ley estatal del sector, que contempla controles de precios en áreas tensionadas. Sánchez ha acusado al Partido Popular de desentenderse de esta problemática al no aplicar dichos controles en comunidades donde gobierna, con la excepción de Galicia, que aceptó la petición del Ayuntamiento de A Coruña.
Sin embargo, las medidas no han estado exentas de críticas. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, ha considerado que la ayuda de 30.000 euros solo servirá para encarecer aún más los alquileres, beneficiando directamente a los caseros en lugar de a los jóvenes. En la misma línea, sindicatos como UGT y CC OO han reclamado ampliar el alcance del plan mediante la creación de un parque público de vivienda suficiente y el establecimiento de precios realmente asequibles, además de un control más firme en zonas tensionadas.
El contexto en el que se enmarcan estas propuestas es especialmente complejo: los precios de la vivienda han registrado subidas históricas, con un incremento interanual del 12,7% en el segundo trimestre de 2024, la mayor alza en 18 años, mientras que las viviendas usadas superan incluso los niveles máximos alcanzados en 2007. El mercado de alquiler tampoco ha dado tregua, con incrementos constantes que dificultan aún más la emancipación juvenil.
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