El Gobierno ha planteado una propuesta de subida salarial para los empleados públicos del 10% para el período comprendido entre 2025 y 2028, según han informado desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Esta medida se enmarca dentro del nuevo Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI, que busca sustituir al anterior, vencido en diciembre de 2024. La propuesta ha generado una intensa reacción por parte de los sindicatos más representativos del sector, CCOO, UGT y CSIF, que consideran que la oferta no garantiza la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores públicos.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, encabezado por Óscar López, se reunió recientemente con los sindicatos para presentar esta propuesta y analizar las condiciones del nuevo acuerdo salarial y de empleo para los próximos años. Según el Gobierno, la subida del 10% se aplicaría de manera progresiva a lo largo de los cuatro años, pero con ciertas limitaciones: no podría superar el 4% en 2025 y 2026, con el 6% restante distribuido entre 2027 y 2028. La justificación del Ejecutivo para esta distribución radica en no superar el techo de gasto aprobado en el Consejo de Ministros, así como en la previsión de que los precios se desacelerarán en los últimos años del periodo.
Sin embargo, los sindicatos han expresado su rechazo inmediato a esta propuesta. CSIF ha señalado que los incrementos previstos para los dos primeros años serían insuficientes para compensar la inflación, que hasta octubre de 2025 se situó en un 3,1% interanual. En consecuencia, los empleados públicos verían reducida su capacidad adquisitiva durante esos ejercicios, lo que según CSIF hace que la oferta sea inaceptable. Además, los sindicatos recuerdan que desde 2022 los salarios del sector público se han devaluado aproximadamente un 8%, y si se considera la histórica bajada salarial de 2010, la pérdida acumulada alcanza casi el 20%. Este contexto convierte la negociación en un desafío crítico para garantizar condiciones económicas dignas para los trabajadores del sector.
CCOO ha calificado la propuesta del Gobierno como un “insulto” para los empleados públicos y ha advertido que solo aceptarán un acuerdo que recupere el poder adquisitivo perdido y que se ajuste a la evolución de la inflación. La organización sindical incluso ha advertido sobre la posibilidad de convocar una huelga general en diciembre si no se presenta una propuesta económica que considere justa. Por su parte, Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, ha destacado que la limitación del 4% para los años 2025 y 2026 complica notablemente la negociación, dado que un acuerdo plurianual de este tipo debe garantizar la preservación del poder adquisitivo frente al incremento de los precios.
El Gobierno también ha abierto la posibilidad de revisar la tasa de reposición de las plantillas de la Administración, un punto que los sindicatos han señalado como clave para eliminar restricciones en la incorporación de nuevos efectivos. Además, se han abordado otros aspectos del empleo público, como la agilización de los procesos selectivos, la promoción interna, la planificación de efectivos, la igualdad, la no discriminación y la mejora de las condiciones laborales, incluyendo la seguridad y la salud en el trabajo. Todos estos elementos forman parte de la estrategia del Ejecutivo para modernizar la Administración y mejorar la calidad de los servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos.
Para concretar los márgenes de la negociación salarial, se ha previsto un encuentro adicional entre los ministerios de Función Pública y Hacienda, con el objetivo de establecer hasta qué punto el Ejecutivo puede flexibilizar el gasto destinado a los salarios públicos sin comprometer el presupuesto. La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, presidió la última reunión con los sindicatos, en la que se acordó continuar las negociaciones, pese al rechazo inicial, en busca de un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes.
