El Gobierno español ha presentado recientemente una ambiciosa propuesta de inversión en las redes de transporte de electricidad de alta tensión, con un horizonte temporal que se extiende hasta el año 2030. La cuantía prevista asciende a 13.590 millones de euros, lo que supone un incremento del 65% respecto a la planificación actual para el periodo 2021-2026. Este esfuerzo inversor no solo representa un refuerzo presupuestario significativo, sino que también multiplica por 14 la capacidad de acceso de la red, un hito clave para responder a las crecientes demandas energéticas de la sociedad y la economía.
La iniciativa fue anunciada por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, apenas tres días después de que las principales compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) alertaran de la saturación del 83,4% de los nudos de la red de distribución eléctrica. Este nivel de congestión, según las propias eléctricas, amenaza con frenar la actividad económica si no se acometen inversiones urgentes. La propuesta gubernamental, que ahora se someterá a información pública, constituye por tanto una respuesta a esta preocupación, a la vez que se enmarca en los objetivos estratégicos de descarbonización y transición energética.
Uno de los elementos más relevantes del plan es la expansión de la capacidad de la red de transporte hasta alcanzar 27,7 gigavatios (GW) de acceso para nuevos consumidores, frente a los 2 GW contemplados en la planificación vigente. Este salto refleja el notable crecimiento de las solicitudes de demanda energética, que ya suponen el 41% del total. En términos de destino, 9 GW corresponderán a proyectos industriales, 13,1 GW a la producción de hidrógeno verde, 3,8 GW a centros de datos, 1,8 GW a desarrollos residenciales y 560 megavatios a la electrificación ferroviaria. Adicionalmente, se reservarán 1,2 GW para la electrificación portuaria, con medidas como el suministro eléctrico a barcos atracados, lo que contribuirá a reducir las emisiones vinculadas al transporte marítimo.
El plan también contempla 422 ampliaciones de conexión, de las cuales 142 estarán destinadas a nuevos consumidores, 84 a agentes especiales como Adif o los puertos, y 196 como apoyo directo a la red de distribución. Se estima un crecimiento adicional de 5,3 GW en este último ámbito. Asimismo, se prevén refuerzos en el 21% de la red de transporte y la creación de nuevos ejes de conexión, con especial atención a las zonas rurales, tradicionalmente más vulnerables a problemas de acceso y calidad en el suministro.
En lo relativo a la generación de energía, las solicitudes de nuevas instalaciones renovables muestran un dinamismo que incluso supera las metas fijadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Actualmente se registran peticiones por 60 GW de nueva eólica, el doble de lo previsto, 150 GW de fotovoltaica y más de 100 GW de almacenamiento, una cifra que multiplica por nueve la planificación inicial. La integración de 6,6 GW de hidroeléctrica reversible también figura entre los objetivos, con la expectativa de que los vertidos de renovables se reduzcan hasta el 3,3% al final de la década, optimizando así el aprovechamiento de recursos.
El impacto económico de esta estrategia es igualmente significativo. Según los cálculos del Ejecutivo, cada millón de euros invertido en redes genera un retorno de 1,27 millones en valor añadido bruto y un multiplicador de 20 en creación de empleo. Estas cifras subrayan la relevancia de las infraestructuras energéticas no solo como soporte del sistema eléctrico, sino como motor de actividad y cohesión social. El Gobierno plantea, además, un marco regulador reforzado mediante un real decreto que eleva los límites máximos de inversión con cargo al sistema eléctrico, pero manteniendo mecanismos de protección para los consumidores. En paralelo, se invita a las empresas distribuidoras a ampliar en 7.700 millones sus inversiones hasta 2030, con la condición de que al menos un 10% se destine a mejorar el control de tensión y la monitorización de la red, aspectos críticos tras el apagón del 28 de abril.
Spain DC alerta que la saturación de la red eléctrica pone en peligro 58.000 millones en inversión
