La secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha hecho un llamado este lunes al Ministerio de Función Pública para abrir una mesa de negociación con los sindicatos. Su objetivo es establecer un nuevo acuerdo marco para los empleados de las administraciones públicas, caracterizado por un enfoque plurianual, que incluya, entre otras iniciativas, una subida salarial por encima del IPC real con el fin de recuperar el poder adquisitivo perdido.
En una rueda de prensa en la que se realizó un balance del primer acuerdo marco firmado entre UGT y CCOO con el Gobierno, Araque enfatizó la necesidad de proseguir con una fórmula similar a la utilizada anteriormente, que contemplaba una subida salarial fija y otra variable basada en indicadores como el IPC armonizado o el crecimiento del PIB. Destacó que, dada la proyección de crecimiento de la economía española, los empleados públicos deberían beneficiarse de estas mejoras en sus ingresos.
El sistema retributivo implementado en el acuerdo anterior ha permitido una elevación salarial cercana al 10%
Durante el período 2022-2024, esta estrategia ha permitido un aumento en los sueldos de los funcionarios, que se estima en aproximadamente un 10%, lo cual ha generado un gasto de cerca de 13.000 millones de euros. Aun así, se mantiene pendiente una subida adicional del 0,5% para el año 2024, la cual Araque ha instado al Gobierno a implementar de inmediato, advirtiendo que su coste rondaría los 700 millones de euros.
Si el incremento adicional no se lleva a cabo, UGT no dudará en tomar las acciones pertinentes. Araque también realizó un balance positivo del acuerdo marco vigente, aunque expresó su preocupación por la falta de tiempo para iniciar negociaciones sobre un nuevo pacto, al que le gustaría que se unieran otros sindicatos de la Función Pública.
Araque subrayó que es urgente que el Gobierno convoque a los sindicatos para asegurar estabilidad y calidad en las relaciones laborales para los más de tres millones y medio de empleados públicos en España. Propuso que las negociaciones inicien de inmediato, dado que el inicio de estas debería haberse producido antes de septiembre de 2024.
En otras peticiones, Araque solicitó que el segundo acuerdo se centre en la creación de más empleo, la mejora de derechos laborales y la reducción de la temporalidad en el sector público. Ella abogó por la eliminación de la tasa de reposición de vacantes, que considera un obstáculo para el crecimiento de la administración y la mejora de los servicios públicos.
La reinversión en empleo público es esencial para lograr un servicio de calidad a los ciudadanos
A pesar de la vigencia de esta tasa, durante el acuerdo se han generado más de 370.000 nuevas plazas, además de estabilizar más de 500.000 en las administraciones públicas. Araque propuso asimismo que los procesos selectivos se acorten a un máximo de 18 meses, en contraste con los actuales 36 meses, para motivar la incorporación al sector público.
Finalmente, UGT considera que es crucial abordar la temporalidad estructural de manera adecuada, estableciendo sanciones para aquellos que no controlen esta situación. Araque concluyó sus declaraciones enfatizando que la estabilidad laboral de los empleados públicos debe prevalecer sobre la inestabilidad política en el país.
