El Ministerio de Vivienda, liderado por el secretario de Estado David Lucas, está evaluando las 362 aportaciones realizadas por comunidades autónomas y otros agentes al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Este proceso culminó el pasado 7 de octubre con la finalización del periodo de participación pública.
Recientemente, la Comisión Multilateral se reunió para discutir estas aportaciones, y se prevé que el plan pueda ser aprobado en diciembre, si se ajustan las previsiones ministeriales. La ministra Isabel Rodríguez y los consejeros de vivienda autonómicos ya han dialogado en la Conferencia Sectorial de Vivienda sobre el plan, resaltando la necesidad de continuar los encuentros para encontrar puntos en común.
El departamento de Isabel Rodríguez subrayó tras el último encuentro la «posibilidad» de llegar a un acuerdo entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas. Sin embargo, admitieron la existencia de «diferencias» en «aspectos concretos» que deberán ser abordados en futuras reuniones para lograr el consenso deseado.
El Partido Popular ha expresado su rechazo al Plan Estatal de Vivienda, acusando al Gobierno de «unilateralidad» y «autoritarismo». Asimismo, señalaron una supuesta «falta de lealtad» por parte de Isabel Rodríguez durante las negociaciones.
El nuevo Plan de Vivienda contempla una inversión de 7.000 millones de euros, triplicando la cantidad destinada en el plan anterior
De esta inversión, el Estado asumirá un 60%, mientras que las comunidades autónomas deberán hacerse cargo del 40% restante, lo que plantea un desafío significativo para coordinar fondos y esfuerzos entre diversas administraciones.
