Airbnb ha expresado su desacuerdo con la actuación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 al elaborar un listado de anuncios de propiedades, lo que ha derivado en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este auto, hecho público el lunes, ordena la eliminación de 5.800 anuncios de pisos turísticos en la plataforma. Según un portavoz de Airbnb, la compañía impugnará todas las decisiones relacionadas con este caso, argumentando que son contrarias a las normativas tanto españolas como europeas.
El portavoz de Airbnb ha señalado que el Ministerio no tiene competencias para hacer cumplir las regulaciones sobre alojamientos turísticos y ha utilizado una “metodología indiscriminada” que incluye anuncios legítimos con licencias y otros que no necesitan ser catalogados como oferta turística, como los arrendamientos de temporada. “El Ministerio ha ignorado de manera deliberada las resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de registro”, ha denunciado.
Airbnb se presenta como una plataforma regulada por la Ley de Servicios Digitales, que no le impone obligaciones de supervisión
Es importante destacar que en diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia que establece que Airbnb debe ser considerado como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario. En enero de 2022, el Tribunal Supremo en España reafirmó esta postura, indicando que “la información de los anuncios, incluido el número de registro cuando sea necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia.”
En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha notificado a Airbnb sobre 65.935 anuncios ilegales de viviendas turísticas. Este lunes, Bustinduy calificó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como una “gran victoria” para la defensa de la vivienda y un respaldo a las acciones del ministerio en pro de los derechos de los consumidores. Bustinduy espera que los otros dos requerimientos tengan resultados similares, aunque anticipa que Airbnb probablemente recurra.
Sobre su registro de anuncios, Airbnb ha afirmado que siempre recuerda a los anfitriones la obligación de cumplir con las leyes locales. La compañía solicita que todos los anfitriones confirmen que poseen los permisos necesarios y refuerza que aquellos que no cumplan con sus políticas pueden ser eliminados de la plataforma. Además, aclaró que ofrece no solo viviendas turísticas, sino también hoteles, hostales y otros tipos de alojamiento que pueden tener normativas diferentes.
Desde la Dirección General de Consumo argumentan que existen tres razones principales para considerar ilegales ciertos anuncios en Airbnb. En primer lugar, la ausencia del número de licencia o registro, que es obligatorio en varias normativas autonómicas. En segundo lugar, se cuestiona la naturaleza jurídica de los arrendadores, lo que es clave para determinar si los consumidores están protegidos. Por último, algunos anuncios presentan números de licencia que no son válidos, lo que puede inducir a error a los posibles arrendatarios.
