Alphabet, la matriz de Google, ha vuelto a situarse en el centro de la atención mediática, financiera y regulatoria tras un fallo judicial que ha marcado un antes y un después para la compañía y, en general, para el ecosistema tecnológico mundial. Este miércoles, las acciones de la empresa se dispararon un 9% en Wall Street, alcanzando un nuevo máximo histórico de 231 dólares por título. Este hito no se debe únicamente a la fortaleza de su negocio, sino principalmente a la decisión de un tribunal federal estadounidense que le permitió conservar la propiedad de Chrome, su navegador web, considerado la piedra angular de su imperio basado en la recopilación y gestión de datos.
El proceso judicial tenía como objetivo determinar si Alphabet ejercía un monopolio abusivo en el mercado de las búsquedas en internet. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con varios Estados, había solicitado medidas extremas, entre ellas la desinversión forzosa de Chrome y la desvinculación del buscador de Android, el sistema operativo que domina de forma casi hegemónica el mercado global de smartphones, con más de 2.500 millones de dispositivos activos. Estas medidas, de haberse aplicado, habrían supuesto una de las reestructuraciones más profundas jamás impuestas a una empresa tecnológica, con un impacto estimado en 2,5 billones de dólares.
El juez federal Amit Mehta reconoció en su fallo de 223 páginas que Alphabet sí incurrió en prácticas monopolísticas, señalando que Google ha actuado de manera anticompetitiva y que su dominio en el mercado de las búsquedas, donde concentra alrededor del 90% de las consultas en EEUU, no puede entenderse sin la utilización de tácticas restrictivas. Sin embargo, consideró que las peticiones de desinversión de activos clave como Chrome o Android eran excesivas. Según su sentencia, los demandantes se excedieron en sus exigencias y Google no utilizó esos productos de manera ilegal para restringir la competencia. En consecuencia, la empresa mantendrá la titularidad de sus servicios estrella, aunque deberá introducir cambios que limiten contratos exclusivos y garanticen mayores márgenes de competencia.
El fallo judicial también tuvo un efecto dominó en otras grandes tecnológicas. Apple, por ejemplo, se benefició directamente de la decisión al mantenerse los millonarios pagos que recibe de Google para que su buscador sea la opción predeterminada en Safari. Las acciones de la compañía de Cupertino subieron un 3,8% en la misma jornada, un respiro en un año complicado en el que acumula pérdidas superiores al 4%. Para Alphabet, en cambio, el panorama bursátil es mucho más favorable: sus acciones acumulan una subida cercana al 22% en lo que va de año, superando ampliamente al Nasdaq, que apenas avanza un 11,3%.
Los analistas celebraron el fallo como una victoria de la pragmática frente a la "tierra quemada". Firmas como JP Morgan y Deutsche Bank elevaron el precio objetivo de las acciones de Alphabet hasta los 260 dólares, sugiriendo que, pese a los máximos alcanzados, la empresa aún tiene margen para seguir creciendo. El entusiasmo se explica, en parte, por la relativa valoración de Alphabet frente a otros miembros de los llamados Siete Magníficos (Apple, Amazon, Microsoft, Meta, Nvidia y Tesla), ya que cotiza con un ratio precio/beneficio más bajo, en torno a 21 veces.
Un elemento clave que inclinó la balanza fue la irrupción de la inteligencia artificial generativa. El propio juez Mehta reconoció que esta nueva tecnología ha cambiado el panorama competitivo, ya que representa una amenaza real al dominio de Google en las búsquedas online. Este contexto, en el que OpenAI, Microsoft y otros actores ganan relevancia, explica en parte por qué los tribunales evitaron medidas radicales que podrían haber debilitado de manera irreversible a la compañía en un momento de transformación del sector.
Mientras tanto, en Europa la situación sigue abierta. La Comisión Europea, que investiga a Google desde hace cuatro años por posibles abusos de posición dominante, tenía previsto publicar sus conclusiones esta semana, pero la decisión fue aplazada sin explicaciones. Las versiones preliminares de la investigación apuntaban a la posibilidad de una desinversión obligatoria, pero las últimas filtraciones sugieren que Bruselas podría optar finalmente por imponer una multa en lugar de ordenar la división de los negocios.
