La Consejería de Salud y Consumo de Andalucía ha iniciado un expediente sancionador contra la compañía aérea Ryanair por el cobro de un recargo aplicado al equipaje de mano. Esta acción surge tras las denuncias presentadas por Facua Sevilla en representación de cinco de sus socios. Según informaron fuentes de la Consejería a Europa Press, el procedimiento aún se encuentra en trámite, lo que significa que la propuesta de sanción económica de **46.250 euros** por esta infracción «grave» podría ser modificada antes de su resolución final.
Facua Sevilla ha solicitado que la denominación de la infracción sea elevada a «muy grave», lo que implicaría el incremento de la multa a una cantidad que oscilaría entre **60.001 y 1.000.000 euros**. En su nota, la asociación enfatiza que «la propuesta de resolución cita hasta 22 sentencias judiciales en las que se ha determinado la ilegalidad de estas prácticas».
Fundamentos legales de la sanción
Los argumentos de Facua Sevilla se basan en la **Ley de Navegación Aérea**, que establece la obligación del transportista de transportar gratuitamente en cabina aquellos objetos que el viajero decida llevar como equipaje de mano, salvo excepciones relacionadas con seguridad, peso o tamaño. Además, el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007 menciona que son cláusulas «abusivas» todas aquellas que generen un desequilibrio significativo entre los derechos de consumidores y proveedores.
Esta nueva propuesta de sanción se suma al monto ya impuesto por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que asciende a **107,8 millones de euros** por las mismas prácticas. Facua ha indicado que las denuncias sobre el cobro de tasas adicionales han resultado en multas que totalizan **179 millones de euros** contra cinco aerolíneas, donde Ryanair es la más afectada.
En este sentido,
Facua reivindica el derecho de los usuarios a reclamar la devolución de estos cargos adicionales
, destacando que están manejando numerosos casos de afectados. La asociación recomienda a los consumidores que enfrenten respuestas negativas de las aerolíneas presentar denuncias ante las autoridades competentes. Agradablemente, el proceso resulta accesible, ya que aquellos que reclamen menos de **2.000 euros** no necesitan representación legal.
