Con la inminente presentación de un proyecto legislativo para recortar la jornada a 37,5 horas, el mundo empresarial despliega una estrategia coordinada para evitar que la medida se consolide. Mientras el texto, aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, se prepara para debatirse en el Congreso, las organizaciones de los sectores más afectados ejercen presión en múltiples frentes.
En medio de este contexto, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) se posiciona como una de las principales voces en contra de la norma. Esta asociación, que representa a empresas de renombre como El Corte Inglés, Ikea, Carrefour, Alcampo y Leroy Merlin, advierte que la medida impactaría de forma directa en la rentabilidad de sus negocios. Según sus planteamientos, el efecto negativo se vería agravado por el alcance del convenio colectivo de grandes almacenes, el más amplio del país, que influye en la vida laboral de aproximadamente 250.000 trabajadores.
La estrategia de presión no se limita a Anged. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también ha lanzado diversas iniciativas en foros y reuniones para evidenciar a responsables políticos y a la opinión pública cómo la reducción de la jornada podría desencadenar una merma en la productividad y congelar los salarios. Durante un debate reciente en el Senado, la presidenta de Anged, Matilde García Duarte, estimó que la implementación de esta norma supondría un coste de 460 millones de euros para el sector. Además, alertó de que la medida podría desestructurar los convenios colectivos, socavando el valor del diálogo social que ha sustentado las relaciones laborales.
La presión ejercida por las asociaciones y la coordinación de campañas de lobby reflejan el temor a que, de implementarse, la medida pueda conducir a un estancamiento salarial y a una pérdida de competitividad que afectaría no solo a la productividad, sino también al equilibrio del diálogo social. Los empresarios no escatiman en recursos para defender sus intereses y garantizar que la evolución de la normativa respete las particularidades del mercado laboral y económico del país.
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas: impacto en el trabajo y la productividad
