La crisis por Muface continúa vigente en tanto que la propuesta del Gobierno está sobre la mesa de las aseguradoras DKV, ASISA y Adeslas. El Consejo de Ministros aprobó el martes nuevas condiciones para el concierto de 2025 y 2026 que, no obstante, quedan lejos de las cifras a las que aspiran las compañías.
En concreto, la primera cifra que se trasladó proponía una subida del 14% que, no obstante, es inferior a la subida de las primas del 17,1% que aprobó el Consejo de Ministros para el año que viene y el siguiente. Pese a estos aumentos, las aseguradoras pedían un 40% más, por lo que el acuerdo, si lo hay, se encontraría en el punto intermedio.
En declaraciones a Capital, en ASISA subrayan que aún no se conocen los pliegos, algo que resulta fundamental para que haya acuerdo o no. Por el momento, la conclusión tras un primer análisis mantiene "la insuficiencia de financiación" de la que se quejan las compañías.
ASISA reconoce que esta subida supone un "esfuerzo", pero no consigue despejar "los problemas actuales del mutualismo administrativo". Con todo, en la compañía quieren analizar cuando se hagan públicos los condicionados de los conciertos de Muface, Isfas y Mugeju para poder tomar una decisión.
No obstante, el acuerdo final no solo pende de las condiciones económicas, sino de otras cuestiones como las coberturas, la oferta de servicios o la gobernanza, entre otras cuestiones. De ese modo, la compañía subraya que "siempre ha tenido la voluntad de llegar a un acuerdo con la Administración que garantice la viabilidad y la sostenibilidad del modelo a medio y largo plazo".
Por otro lado, en la compañía consideran que el modelo solo puede sobrevivir "con la presencia de un número suficiente de compañías" que asuman los servicios que requieren los mutualistas. "Cualquier otro escenario pone en serio riesgo la continuidad del modelo", apuntan en ASISA.
¿De dónde viene el problema con Muface?
Este problema surge en un contexto de aumento de la inflación y el encarecimiento de los servicios médicos, lo que ha incrementado la siniestralidad. Las aseguradoras, que ya estaban asumiendo pérdidas, ven insostenible seguir ofreciendo este servicio sin un ajuste financiero significativo.
Si el sistema Muface se eliminara y los funcionarios pasaran directamente a la sanidad pública tendría un impacto significativo. Se estima que la sanidad pública tendría que absorber a 1,5 millones de personas adicionales, lo que podría disparar los tiempos de espera y sobrecargar los recursos existentes. Además, el costo económico sería significativo: se calcula que el gasto público aumentaría en más de 1.000 millones de euros anuales. Este desembolso sería necesario para cubrir a todos los funcionarios que actualmente están recibiendo atención a través de las aseguradoras privadas.
