BBVA se encuentra en una fase de evaluación de las condiciones impuestas por el Gobierno para su oferta pública de adquisición (OPA) sobre el Banco Sabadell. El requisito esencial es que ambos bancos deben operar de forma independiente durante un mínimo de tres años, ampliable a cinco. Esta directiva surge tras el acuerdo de resolución adoptado por el Consejo de Ministros y enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La referencia al artículo 26.1 del Real Decreto 1066/2007 es clave en este proceso. Este artículo permite que el oferente en una OPA pueda condicionar su oferta según las autorizaciones de defensa de la competencia. Una de las opciones legales para BBVA es desistir de la oferta si las autoridades de competencia exigen el cumplimiento de alguna condición antes de que termine el plazo de aceptación de la OPA.
BBVA ya había contemplado esta posibilidad en su anuncio inicial al lanzar la OPA
Para que la OPA se considere efectiva, se deben cumplir ciertos requisitos. Estos incluyen que propietarios de al menos el 50,01% de los derechos de voto acepten la OPA, la aprobación de una ampliación de capital por parte de la junta de BBVA, y obtener el visto bueno de la autoridad prudencial británica, así como de las autoridades de Competencia según el mencionado artículo.
Según la normativa, el único otro escenario que permitiría a BBVA desistir de la oferta sería la falta de una resolución expresa o tácita de los reguladores de competencia al finalizar el plazo de aceptación. Sin embargo, esta posibilidad ya no es aplicable dado que el expediente de la CNMC está resuelto.
Este marco jurídico subraya la complejidad de las operaciones de adquisición y la importancia de las regulaciones de competencia en el sector bancario
Las decisiones tomadas en este contexto tendrán un impacto significativo en la estructura del sector financiero, definiendo el futuro de ambas entidades. BBVA continúa analizando detalladamente todos los aspectos para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.
