El Gobierno no ha bloqueado la fusión entre BBVA y Banco Sabadell, pero sí ha impuesto unas condiciones llamativas. Las explicaciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dejan la puerta abierta a la posibilidad de que BBVA podría tener una importante influencia en la entidad que sería su filial, si decide continuar adelante con la operación. Estas explicaciones se han producido en el marco de las jornadas de Economía que organizan APIE y la UIMP en Santander estos días.
Este martes, el Consejo de Ministros impuso una condición inédita para operaciones de esta magnitud en el sector financiero español: durante tres años (ampliables a cinco), ambas entidades deberán mantener su personalidad jurídica, patrimonios separados y una gestión completamente autónoma, lo que en la práctica aplaza cualquier integración plena. Eso sí, en paralelo, no se impide que BBVA pueda nombrar consejeros en Sabadell. También el consejero delegado, como compañía propietaria.
Ante las preguntas de los periodistas, Cuerpo apunta: "No creo que vaya a haber ningún tipo de ingeniería con lo que tenga que ver con las plantillas". No obstante, la normativa no lo exige. Solo se espera que las entidades actúen de ese modo por motu proprio.
"Durante los próximos tres años, las dos entidades mantendrán una gestión independiente, con atención específica a ámbitos clave como la financiación y el crédito, especialmente a pymes, los recursos humanos, la obra social o la red de oficinas", explicó Carlos Cuerpo, ministro de Economía. "Hemos conseguido el equilibrio entre la protección de los criterios de interés general y la proporcionalidad", añadió.
Pero el mismo ministro admitió que los consejeros que BBVA nombre en Sabadell podrán ejercer sus funciones como en cualquier otra sociedad: "Los consejeros tienen que cumplir con la normativa específica que tienen. Supone que tienen que velar por la entidad donde son consejeros. Eso no inhabilita para que las decisiones de recursos humanos que no tengan que ver con la operación estén dentro de sus facultades".
Si bien no pueden ejecutar despidos justificados directamente por la fusión, sí podrían acometer recortes o ajustes por motivos internos, estratégicos o económicos. La línea roja es difusa, y más en un escenario bancario donde cualquier decisión puede tener varias lecturas. “Queremos que se proteja el interés general más allá de los elementos asociados a la competencia”, subraya Cuerpo, apelando al espíritu de la medida.
Dos entidades, dos impuestos
Para el Gobierno, el foco está claro. "El elemento esencial tiene que ver con la dimensión de esta operación", dijo el ministro. "Tiene muchas aristas, muchas claves, no solo por los activos o la cuota de mercado, sino por el punto temporal del proceso de consolidación del sector". De ahí la necesidad —según el Ejecutivo— de introducir condiciones excepcionales.
La intervención se basa en el artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia y llega tras una advertencia formal de la CNMC, que elevó su análisis de la OPA a segunda fase. "Esto habilita la entrada del Gobierno", justificó Cuerpo, recordando que "la norma exige que las condiciones que se impongan estén justificadas en base a razones de interés general". El Ejecutivo menciona cinco: acceso al crédito, protección del empleo, cohesión territorial, obra social y promoción de la I+D.
La clave estará en cómo se interprete la autonomía operativa que se exige y qué margen de maniobra tiene BBVA sobre Sabadell sin violar la condición impuesta. El ministro insistió en que "no estamos impidiendo la operación. Damos paso a la siguiente etapa, donde le corresponde hablar a los accionistas si el BBVA sigue adelante". Pero sin ocultar un toque de cautela: “Queremos una política efectista, que proteja criterios de interés general”, y pidió “prudencia con respecto a la decisión y al siguiente paso”.
Para vigilar que el mandato se cumpla, el Gobierno exigirá a ambas entidades dos documentos: uno, un informe de situación que detalle cómo se ha ejercido esa gestión autónoma; y otro, un plan estructural que proyecte cómo afectará la estrategia corporativa futura a los intereses generales protegidos. Aun así, la cuestión de las sinergias, los cierres de oficinas o incluso la exclusión de bolsa están presentes como opciones bajo la capacidad de una eventual nueva dirección de Banco Sabadell, lo que invalidaría las intenciones del Gobierno, que no ha introducido la opción de salvaguardar esas condiciones.
El hecho de que sean dos entidades diferentes las abocaría a pagar de manera separada el impuesto extraordinario a la banca.
