El fondo canadiense Brookfield Asset Management ha tomado la decisión de disolver y liquidar su subsidiaria de autopistas de peaje, Rutas de Lima. Este movimiento ocurre tras una drástica caída en los ingresos, superior al 60% en los últimos años, atribuida a «una serie de medidas arbitrarias y abusivas» impuestas por el Estado peruano, según comunicó la propia Rutas de Lima.
La subsidiaria señala que las decisiones del Tribunal Constitucional peruano de eliminar el cobro de peajes en la Unidad de Peaje Chillón y en la estación de peaje de Conchán han afectado gravemente su viabilidad financiera. Además, critica el «repudio expreso de laudos arbitrales internacionales» por parte del gobierno peruano, que habían sido confirmados por la justicia federal de Estados Unidos, con un valor de más de 700 millones de soles peruanos (172 millones de euros).
La serie de injustas y arbitrarias medidas del Estado peruano ha destruido la viabilidad financiera de Rutas de Lima
Brookfield también acusa al alcalde limeño Rafael López Aliaga y otras autoridades de liderar una «continua campaña de hostigamiento y difamación» mediática y en redes sociales. López Aliaga, quien asumió el cargo prometiendo eliminar los peajes por considerarlos corruptos, es señalado como uno de los promotores de esta campaña.
Ante esta situación, Brookfield ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado peruano, amparado en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá, y reclama una compensación acorde al valor estimado de las autopistas, que asciende a 2.700 millones de dólares (2.303 millones de euros).
Rutas de Lima fue adquirida en 2016 por Brookfield, por un valor de 430 millones de dólares (366 millones de euros) de la brasileña Odebrecht, una firma que posteriormente se vería involucrada en escándalos de soborno a lo largo de América Latina. A pesar de las múltiples acusaciones de corrupción enfrentadas, Rutas de Lima ha ganado 200 millones de dólares (170 millones de euros) en arbitrajes, aunque los pagos aún están pendientes.
