¿Puede el Gobierno frenar una OPA con solo apelar al “interés general”? Bruselas cree que no. La Comisión Europea ha lanzado un expediente de infracción contra España por las normas que permiten al Ejecutivo bloquear operaciones empresariales como la de BBVA sobre Sabadell.
El reproche no es menor: según fuentes comunitarias, la legislación española otorga un poder de veto “demasiado discrecional” al Ministerio de Economía, lo que podría contravenir el Derecho europeo y restar autonomía al Banco Central Europeo.
El caso abre un nuevo frente político y jurídico: aunque no afecta directamente a la oferta de BBVA, sí podría tener consecuencias de gran calado para futuras fusiones bancarias en España. El reloj ya está en marcha: España tiene dos meses para justificar su marco legal o afrontar una posible batalla ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El Ejecutivo comunitario ha dado a España un plazo de dos meses para responder. En su carta de emplazamiento, critica la transposición inadecuada de directivas europeas clave, como la de requisitos de capital y la ley de ordenación bancaria, que confieren al Ministerio de Economía una capacidad de veto que, según Bruselas, puede interferir con las competencias exclusivas del Banco Central Europeo (BCE).
Fuentes comunitarias señalan que, si realmente hubiera habido un motivo legítimo de interés público, no habría objeciones. Sin embargo, consideran injustificada la decisión del Gobierno español de elevar la operación a nivel político, retirando el protagonismo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Aunque este procedimiento no afectará directamente a la OPA de BBVA sobre Sabadell, sí cuestiona el marco legal español y podría terminar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no se corrigen los fallos.
