El debate sobre las indemnizaciones por retrasos en el sistema ferroviario español ha cobrado fuerza tras la reciente aprobación en el Congreso de una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible. Esta modificación, impulsada principalmente por el Partido Popular (PP), busca que Renfe recupere las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en el AVE. Esta medida ha despertado amplio interés y discusión, especialmente en relación con su aplicación a otros operadores ferroviarios privados.
Un enfoque inclusivo en el sector ferroviario
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa, destacando la importancia de que «las normas deberían ser iguales para todos». Durante su intervención en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de LaSexta, Bustinduy subrayó la necesidad de adherirse a los principios de legalidad, enfatizando que
las leyes se cumplen
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Además, ha resaltado el papel crucial del sector público en el desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias del país. España ha invertido más de 70.000 millones de euros en la creación de una de las mejores redes de alta velocidad del mundo. Sin embargo, Bustinduy ha criticado que una vez construida la infraestructura, «la abrimos a empresas privadas, que no pusieron un duro y que vienen aquí a llevarse el beneficio».
El futuro de las compensaciones por retrasos
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, también se ha pronunciado sobre el tema, destacando la necesidad de proteger la libre competencia en el sector ferroviario, dado que Renfe no es el único operador. La enmienda fue aprobada en el Congreso gracias al apoyo de varios partidos, incluyendo Vox, Junts, ERC, Podemos y BNG, y será próximamente publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta situación plantea nuevas expectativas sobre el futuro de las indemnizaciones y obliga a una reflexión sobre el equilibrio entre lo público y lo privado en la gestión ferroviaria. El ministro Bustinduy ha insistido en que
hay que cuidar lo público porque es de todos y es lo que nos permite que, estratégicamente, como país apostemos y desarrollemos aquello que consideremos prioritario
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