La empresa española CAF, con sede en Beasain, Guipúzcoa, ha logrado adjudicarse oficialmente el millonario contrato público en Bélgica para la fabricación de nuevos trenes, por un valor total de 1.700 millones de euros. Este contrato, cuya firma inicial desató una gran polémica en Bélgica, se materializa con un primer pedido de 180 vagones, lo que equivale a 54.000 plazas.
La decisión de otorgar el contrato a CAF generó críticas por parte de sindicatos y políticos locales, ya que esperaban que la empresa francesa Alstom, que cuenta con varias fábricas en Bélgica, fuera la seleccionada. Sin embargo, el gestor público ferroviario del país, la SNCB, favoreció a la compañía vasca. Aunque esta decisión fue revocada temporalmente por el Consejo de Estado de Bélgica, al solicitar una justificación más detallada, finalmente CAF se mantuvo como la empresa adjudicataria.
Compromisos de derechos humanos
En medio de la controversia, CAF tuvo que enfrentar presiones adicionales por su participación en proyectos en la Palestina ocupada, ante lo cual la SNCB exigió garantías de que la empresa respetaba los derechos humanos e internacionales. CAF emitió un comunicado asegurando que su actividad en Cisjordania y su trabajo en el tranvía de Jerusalén beneficiaban a todas las comunidades, tanto judías como árabes. A pesar de ello, la empresa sigue incluida en una ‘lista negra’ de la ONU debido a su participación en proyectos en territorios ocupados.
Este viernes, la SNCB ha comunicado que ya ha adjudicado oficialmente a CAF el contrato
y que ha realizado un primer pedido significativo, con entrega estimada de los vagones en 2030. Además, las partes han firmado un contrato marco que permitiría extensiones futuras del encargo, alcanzando potencialmente hasta 170.000 plazas y aumentando el valor total a 3.400 millones de euros en los próximos 12 años.
