El sindicato CCOO Aragón ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra Glovo por el presunto uso de empresas interpuestas, lo que podría vulnerar tanto la legislación laboral vigente como los derechos de los repartidores, conocidos como ‘riders’. Esta denuncia surge en el contexto de la ley que garantiza los derechos laborales de los trabajadores de plataformas de entrega, aprobada en 2021, que obliga a estas empresas a adaptar su modelo de contratación a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.
Una investigación previa de la Inspección de Trabajo evidenció el incumplimiento de esta normativa por parte de Glovo, que mantenía un modelo de falsos autónomos. Como consecuencia, la empresa fue sancionada con una multa cercana a 80 millones de euros.
Un día antes del plazo establecido, el director ejecutivo de Glovo anunció un supuesto cambio en el modelo laboral de la empresa
Sin embargo, un día antes de que se cumpliera el plazo para la corrección de estas irregularidades, Óscar Pierre Miquel, director ejecutivo de Glovo, anunció que los repartidores pasarían a ser contratados como asalariados. Simultáneamente, se constituyó en Zaragoza la empresa Noriega Logistics SL el 22 de septiembre de 2024, con un capital social mínimo de 3.000 euros. Más de dos meses después, se nombró a un socio y administrador únicos, lo que indica la posibilidad de una estructura diseñada para servir de intermediaria en la contratación de los repartidores.
Desde la creación de Noriega Logistics, los trabajadores que anteriormente actuaban como falsos autónomos para Glovo han sido contratados a través de esta nueva empresa. No obstante, en la práctica, sus condiciones laborales no han cambiado, ya que continúan realizando las mismas funciones bajo las mismas directrices y utilizando las herramientas de trabajo proporcionadas por Glovo, incluidas la Glovo App, mochilas corporativas y bolsas de cartón de la marca. La relación laboral sigue dependiendo de Glovo, a pesar de la supuesta intermediación.
Los trabajadores pierden derechos vinculados a la Seguridad Social y condiciones laborales previas
CCOO ha denunciado además prácticas lesivas para los derechos laborales, como la asignación de antigüedad ficticia con fecha de 2025 y un período de prueba de 30 días para empleados con muchos años de servicio. Los trabajadores se encuentran encuadrados en el convenio colectivo de Transportes de Mercancías, Mudanzas, Guardamuebles y Logística de Zaragoza, lo que limita el reconocimiento de complementos salariales y antigüedad.
La fragmentación de la plantilla, según CCOO, afecta gravemente a la representación sindical, impidiendo la elección de delegados y la creación de comités de empresa, así como órganos de seguridad y salud laboral. Esta situación impacta a más de 3.500 trabajadores en Zaragoza, quienes se ven afectados por lo que el sindicato califica como prácticas fraudulentas.
