En un movimiento sin precedentes en seis décadas, Cuba ha dado luz verde a la creación de empresas público-privadas tras la emisión de un decreto-ley publicado en la Gaceta Oficial de la República. Este cambio legislativo se produce en medio de una grave crisis económica y energética, exacerbada por las sanciones de Estados Unidos y la pérdida de suministro de petróleo desde Venezuela.
El nuevo decreto-ley de Cuba especifica que las empresas mixtas en la isla tendrán la libertad de definir tanto los productos y servicios que ofrecerán como sus precios. Además, estas entidades podrán determinar los ingresos de sus empleados y el número de personas que conformarán su fuerza laboral. Es importante destacar que las actividades de estas empresas deberán ser lícitas y quedará prohibida su participación en la prestación de servicios de salud, educación o aquellas relacionadas con instituciones armadas, excepto cuando se vinculen a sistemas empresariales de dichos sectores.
El giro legislativo cubano se alinea con un paquete de medidas lanzadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel a principios de febrero, encaminadas a mitigar el desabastecimiento crítico de combustible que asola a Cuba desde que Estados Unidos ejerció medidas militares sobre Venezuela, deteniendo el flujo de crudo hacia la isla.
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a cualquier país que proporcionase crudo a Cuba
Esta tensión regional ha intensificado la presión sobre la isla, obligándola a buscar nuevas salidas económicas y políticas para sobrevivir. La introducción de las empresas público-privadas representa un paso significativo en esa dirección, ofreciendo una posible vía para revitalizar la economía del país en medio de las difíciles circunstancias actuales.
