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La trayectoria empresarial de Víctor de Aldama, el supuesto comisionista del caso Koldo

Su experiencia abarca proyectos de desarrollo sostenible, incluyendo la creación de "municipios temáticos", enfocados en la reactivación económica del entorno rural

La trayectoria empresarial de Víctor de Aldama, el supuesto comisionista del caso Koldo
Por Redacción Capital

Víctor de Aldama ha ocupado un lugar destacado en el ámbito empresarial, combinando su habilidad para cerrar acuerdos estratégicos con una controvertida relación con figuras políticas. Su implicación en el caso Koldo lo vincula a la obtención de comisiones mediante contratos de suministro durante la pandemia, en particular a través de la red que gestionaba Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos. Esta relación le permitió no solo acceder a trámites acelerados, como un visado para Rusia, sino también influir en proyectos como la España vaciada​.

Entre sus logros empresariales, Aldama ha estado al frente de varias compañías. Destaca su papel como administrador en Albari Business S.L., dedicada a consultoría estratégica, y en Ventisca Solutions, una firma con actividad en el sector tecnológico. Estas empresas han sido clave en la obtención de contratos tanto en España como en mercados internacionales. Su experiencia abarca proyectos de desarrollo sostenible, incluyendo la creación de "municipios temáticos", enfocados en la reactivación económica del entorno rural.

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Aldama, además, cuenta con una trayectoria que combina la gestión de negocios en Europa del Este y Asia con inversiones en sectores como energías renovables y construcción. Este perfil diversificado le ha permitido posicionarse como un interlocutor relevante en iniciativas apoyadas por el Gobierno. Sin embargo, sus operaciones han levantado sospechas por su proximidad con actores políticos y la rapidez con la que cierra acuerdos, lo que ha puesto su actividad bajo el escrutinio de la Audiencia Nacional.

El caso Koldo ha arrojado luz sobre el uso de redes personales en operaciones empresariales cuestionadas, mostrando cómo empresarios como Aldama aprovechan estas conexiones para abrir puertas estratégicas en contextos gubernamentales y empresariales.

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Último caso, en octubre

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desmanteló en octubre otra trama de presunto fraude de hidrocarburos valorado en 133 millones en una investigación dirigida por la Audiencia Nacional que deja seis detenidos, dos en Sevilla y cuatro en Madrid, así como dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en Madrid.

Fuentes de la investigación señalaron que todos los implicadas en la presunta trama son españoles, aunque se trata de una operación realizada por la UCO y la Agencia Tributaria independiente de la que fue detenido recientemente Víctor de Aldama, que también está acusado en el 'caso Koldo'.

Esta última operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, contra una organización criminal dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos.

La organización sobre la que se ha actuado sería la responsable de un presunto fraude a la Hacienda Pública, en los ejercicios de 2020 y 2021, que alcanzaría los 133 millones de euros, según ha informado la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.

Funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de manera conjunta con agentes de la UCO han dado por "desarticulada esta importante organización criminal".

Dicha organización se caracterizaba por la creación de un "complejo entramado empresarial" liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector a través del cual perpetrarían la comisión del fraude, "responsabilizando a empresas instrumentales, de manera artificial, de la liquidación de los impuestos que genera este comercio".

La investigación apunta a que estas empresas transferían los fondos correspondientes a los beneficios generados en la elusión del impuesto a cuentas bancarias de otras mercantiles ubicadas en países terceros.

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