El Congreso ha dado un paso importante este martes en el proceso de aprobación de una reforma legal propuesta por Junts que impondrá nuevas obligaciones a las empresas. Las compañías con más de 250 empleados, aquellas con una facturación que supere los 50 millones de euros o las que presten servicios de interés general, deberán ofrecer servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado. Esto será obligatorio independientemente de la ubicación de la empresa.
La reforma, impulsada por la formación catalana, se incluyó en un conjunto de enmiendas a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. Durante la segunda reunión de la ponencia encargada de su tramitación, se añadió una enmienda transaccional al texto legislativo que lleva las firmas de los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar. Este martes se celebró dicha reunión a puerta cerrada.
Con la modificación del artículo nueve de la ley, se obliga a las empresas afectadas a garantizar que los servicios de atención al cliente dispongan de los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos adecuados para asegurar los derechos lingüísticos. El personal encargado deberá contar con formación específica en idiomas cooficiales y las empresas estarán obligadas a proporcionar capacitación continua para adaptar sus conocimientos lingüísticos y tecnológicos.
Hubo cierto cruce de versiones entre Junts y el Gobierno. Mientras que el partido liderado por Míriam Nogueras anunciaba un acuerdo en septiembre sobre la reforma, indicando que afectaría a las grandes empresas sin importar su ubicación, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, limitó esta repercusión a los territorios con lenguas cooficiales.
Finalmente, la formación catalana ha publicado un comunicado confirmando la inclusión de sus enmiendas, afirmando que protegen las competencias de Cataluña en materia de consumo y preservan los derechos lingüísticos.
Paralelamente, la ley también prohibirá las llamadas comerciales no consentidas y obligará a las empresas a renovar los consentimientos cada dos años, mientras que los contratos cerrados sin consentimiento en llamadas serán considerados nulos. Además, se restringirán las reseñas y precios engañosos en línea.
El texto avanzará hacia la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, donde se analizará en sesión pública antes de ser elevado al Pleno para su aprobación y posterior envío al Senado, continuando así con el proceso legislativo habitual.
