Las grandes plataformas digitales afrontan una presión judicial y regulatoria cada vez mayor. El último ejemplo ha llegado desde California, donde un jurado de Los Ángeles ha condenado a Meta y Google a pagar 6 millones de dólares a una joven que sostuvo haber desarrollado una adicción a Instagram y YouTube desde la infancia.
El veredicto considera que ambas compañías actuaron con negligencia en el diseño de sus plataformas y en la advertencia de sus riesgos, un punto especialmente sensible porque desplaza el debate desde el contenido hacia la propia arquitectura del producto.
El caso ha ganado relevancia porque apunta a una cuestión de fondo y es si las redes sociales pueden ser responsabilizadas no solo por lo que alojan, sino también por mecanismos como la reproducción continua, las recomendaciones automáticas o el desplazamiento infinito, diseñados para prolongar el tiempo de uso.
En ese sentido, el fallo contra Meta y Google abre un nuevo capítulo en una ofensiva legal que ya no se limita a la privacidad, ya que ahora alcanza también al impacto que estas plataformas pueden tener sobre menores y usuarios vulnerables.
Sin embargo, el historial de sanciones a este tipo de compañías venía de antes. Uno de los grandes precedentes sigue siendo Facebook, que en 2019 recibió una multa récord de 5.000 millones de dólares por parte de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos por violaciones de privacidad y por incumplir compromisos previos con los reguladores.
Ese mismo año, Google y YouTube aceptaron pagar 170 millones de dólares para resolver acusaciones de recopilación ilegal de datos de menores sin el consentimiento paterno exigido por la legislación estadounidense.
En Europa, Meta ha protagonizado algunos de los expedientes más duros del sector. WhatsApp fue sancionada con 225 millones de euros por falta de transparencia en el tratamiento de datos.
Después llegó una multa de 405 millones a Instagram por la gestión de datos de menores, en un caso que puso el foco en la exposición de información de adolescentes. Y en 2023 Meta recibió además una sanción de 1.200 millones de euros por las transferencias de datos de Facebook a Estados Unidos, la mayor multa impuesta hasta ahora bajo el reglamento europeo de protección de datos.
La presión no se ha quedado en Meta. TikTok fue multada en 2023 con 345 millones de euros por deficiencias en la protección de datos de menores, una muestra de que los reguladores europeos están endureciendo el control sobre plataformas con enorme implantación entre adolescentes. Más recientemente, Meta volvió a recibir otro duro revés en Estados Unidos, cuando un jurado de Nuevo México ordenó a la compañía pagar 375 millones de dólares en un caso relacionado con la seguridad de sus plataformas y la explotación sexual infantil.
Durante años, las sanciones se han centrado sobre todo en la privacidad y el uso de datos personales. Ahora, tribunales y reguladores empiezan a mirar también el diseño de las plataformas, su capacidad para retener la atención y los posibles daños que pueden causar a menores.
Esa es la clave del nuevo frente abierto contra las grandes redes sociales: ya no se discute solo cuánto saben de sus usuarios, sino también hasta qué punto son responsables de los efectos que sus servicios generan.
