La consulta pública anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con la oferta pública de adquisición (OPA) de carácter hostil de BBVA sobre Banco Sabadell marca un hito en los procedimientos de este tipo en España. Según fuentes del Ministerio de Economía, este mecanismo es habitual en el ámbito corporativo, pero es la primera vez que se aplica en el contexto de OPAs hostiles.
El Gobierno ha decidido abrir esta consulta para que ciudadanos, asociaciones y organizaciones puedan expresar sus opiniones sobre la oferta presentada por BBVA. La consulta se iniciará mañana y se desarrollará en un plazo de 15 días, que el Ministerio de Economía tiene para decidir si eleva la operación al Consejo de Ministros. Aunque las contribuciones recogidas en la consulta pública son secretas y no vinculantes, resultarán útiles para informar la toma de decisiones sobre la operación.
Las aportaciones recabadas en la consulta pública son secretas y no vinculantes
Por otro lado, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha manifestado su «máximo respeto» hacia la consulta pública. En declaraciones durante un evento en el Palau de Congressos de Catalunya, donde se reunió brevemente con el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, destacó que la unión con Sabadell representa un proyecto «no solo de crecimiento, sino que conduce a beneficios para todos» en España, Cataluña y Europa.
En cuanto a la regulación de la operación, la CNMC emitió el pasado miércoles un informe que aprobó en fase 2 la operación propuesta por BBVA, aunque con compromisos. La CNMC identificó riesgos en los mercados de banca minorista, tanto en servicios dirigidos a particulares como a pymes y autónomos, así como en el sector de medios de pago. Sin embargo, consideró que los compromisos presentados por BBVA son «adecuados, suficientes y proporcionados» para mitigar las preocupaciones sobre la competencia.
En este sentido, la CNMC acordó con BBVA una serie de compromisos para asegurar la presencia de oficinas de Sabadell y el acceso a cajeros en áreas con menor población o ingresos bajos y escasa competencia. La mayoría de estos compromisos tendrán una duración de tres años, prorrogables por otros dos en el caso de crédito a pymes, y de dieciocho meses para cajeros. La CNMC se encargará de supervisar el cumplimiento de estos compromisos durante el periodo establecido.
