El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha presentado esta semana su propuesta para revisar las cuotas que deberán pagar los trabajadores autónomos a partir del 1 de enero de 2026. Según el borrador al que han accedido varios medios, los incrementos oscilarían entre 11 y 206 euros mensuales, dependiendo del tramo de ingresos reales del autónomo. El Ejecutivo defiende que el cambio busca una “mayor justicia contributiva”, mientras las asociaciones del sector denuncian un nuevo “sablazo” que agravará la presión fiscal sobre los pequeños negocios.
Desde 2023, España aplica un modelo de cotización de autónomos que se basa en los ingresos reales, con un período transitorio que concluye este año. La nueva tabla de cuotas prevista para 2026 busca consolidar ese sistema, que sustituye el antiguo modelo en el que cada profesional elegía libremente su base de cotización, a menudo muy por debajo de sus ingresos reales.
"No estamos dispuestos a un nuevo sablazo a los autónomos" - Lorenzo Amor, presidente de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos)
Según el Gobierno, más de 700.000 autónomos han visto reducida su cuota desde la implantación del sistema, pero también se han detectado desequilibrios que han comprometido la sostenibilidad financiera del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). “El modelo debe corregirse para que quienes más ganan aporten más y quienes menos ingresos tienen mantengan su protección”, explican fuentes de Seguridad Social.
El Ejecutivo insiste en que la subida está diseñada para fortalecer el sistema a largo plazo y garantizar pensiones y prestaciones por cese de actividad más sólidas. Pero los representantes del colectivo discrepan: denuncian que el sistema “castiga al autónomo medio” y que el Gobierno “vuelve a cargar sobre los pequeños negocios el coste de cuadrar las cuentas de la Seguridad Social”.
Los representantes del colectivo discrepan: denuncian que el sistema "castiga al autónomo medio" y que el Gobierno "vuelve a cargar sobre los pequeños negocios el coste de cuadrar las cuentas de la Seguridad Social
Así quedarían las nuevas cuotas
La propuesta contempla 15 tramos de cotización según ingresos netos mensuales. En los extremos, las diferencias son notables:
- Menos de 670 €: cuota de 217,37 €, +17 € frente a 2025.
- Entre 1.166 y 1.300 €: cuota de 302 €, +11 €.
- Entre 1.500 y 1.700 €: cuota de 321 €, +9 %.
- Entre 2.000 y 2.300 €: cuota de 428 €, +10 %.
- Más de 6.000 €: cuota de 796,24 €, +206 €.
- Las subidas oscilan entre el 4 % y el 35 %, según los ingresos.
Además, se prevé una actualización progresiva hasta 2031, ligada al crecimiento del salario medio y a la evolución del empleo.
El Ministerio también plantea nuevas herramientas digitales para regularizar las cotizaciones trimestralmente, con el objetivo de que cada autónomo pague exactamente según lo que facture, sin esperar a la declaración anual del IRPF.
"El Gobierno no puede hablar de justicia social mientras sube las cuotas a quienes sostienen el tejido productivo" - Lorenzo Amor, presidente de ATA
Un golpe a la clase media autónoma
Las principales organizaciones del sector han reaccionado con dureza. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), integrada en la CEOE, ha calificado la medida de "nuevo castigo" para el colectivo. “El Gobierno no puede hablar de justicia social mientras sube las cuotas a quienes sostienen el tejido productivo”, ha declarado su presidente, Lorenzo Amor, que reclama una negociación “real, no cosmética”.
Por su parte, UPTA y UATAE, más cercanas al Ejecutivo, reconocen que la propuesta “contiene desequilibrios” y exigen ajustes para los tramos bajos y medios. Ambas reclaman deducciones fiscales, rebajas por pluriactividad y la eliminación de trabas en la prestación por cese de actividad.
Desde Cepyme, la patronal de las pequeñas empresas, la lectura es más estructural: “La subida puede frenar la creación de autoempleo, especialmente en sectores como comercio, hostelería o transporte, que todavía arrastran los efectos de la inflación y la caída del consumo”.
"La subida puede frenar la creación de autoempleo, especialmente en sectores como comercio, hostelería o transporte, que todavía arrastran los efectos de la inflación y la caída del consumo" - Cepyme
El argumento del Gobierno: “Más justicia y mejores pensiones”
El Ministerio de Seguridad Social insiste en que la medida no tiene un fin recaudatorio, sino redistributivo. Según sus cálculos, un 60 % de los autónomos cotiza actualmente por debajo de sus ingresos reales, lo que reduce su futura pensión y limita sus coberturas por incapacidad temporal o maternidad.
“El sistema actual no es sostenible ni justo. Esta corrección permitirá mejorar la protección social sin comprometer la competitividad”, explican fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz, que ha abierto un proceso de diálogo con las asociaciones antes de remitir el texto al Consejo de Ministros.
El Gobierno quiere cerrar el acuerdo antes de finales de noviembre para aprobar las nuevas tablas por real decreto en diciembre y cumplir los compromisos con Bruselas, que ha condicionado parte de los fondos europeos al avance en la reforma del sistema de cotización.
Sin embargo, la negociación se anticipa compleja. Las organizaciones ya han pedido aplazar el debate hasta 2027 si no hay consenso técnico. En los pasillos del Congreso, varios grupos parlamentarios, incluidos socios del Ejecutivo, han mostrado reservas ante una medida "difícil de explicar" a los autónomos en un año de desaceleración económica y de elecciones municipales parciales.
Impacto económico estimado
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) calcula que la medida podría generar entre 700 y 1.000 millones de euros anuales adicionales para la Seguridad Social, aunque alerta de que parte del efecto podría neutralizarse si los autónomos ajustan sus ingresos o reducen su actividad.
En sectores con baja rentabilidad, como comercio minorista o transporte local, el incremento puede suponer entre un 3 % y un 6 % más en costes fijos mensuales, lo que impactaría en precios y empleo. Por el contrario, los defensores de la medida sostienen que una cotización más realista permitirá mejorar las pensiones futuras y reducir el déficit estructural del sistema en la próxima década.
Si se percibe como una nueva carga, el riesgo será evidente: desincentivar al autoempleo en un país que depende de más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia para sostener una gran parte de su tejido productivo.
