Endesa e Iberdrola han propuesto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico extender la vida útil de varias centrales nucleares. Sin embargo, el Gobierno considera que esta propuesta es “una declaración de intenciones” que no cumple con las tres líneas rojas establecidas para tramitar una solicitud formal. Dichas líneas garantizan la seguridad de las personas, la seguridad del suministro y que no haya un mayor coste para los ciudadanos.
Según informa Cinco Días, el planteamiento de las empresas, que incluye a Endesa e Iberdrola, busca mantener el cierre previsto para 2035, pero aumentar los plazos intermedios. Destaca la propuesta de ampliar la central de Almaraz, cuyo cierre está previsto entre 2027 y 2028, hasta 2030. Esto conllevaría una reducción del 18% en la tasa Enresa, al extenderse el periodo de recaudación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Sara Aagesen han abierto la puerta a estudiar una ampliación de la vida útil de las nucleares, siempre y cuando se cumplan condiciones específicas
Para Iberdrola, Endesa y la respaldante Naturgy, es fundamental ajustar la fiscalidad que grava las instalaciones nucleares. Según un estudio de EY, España cobra impuestos adicionales por cuestiones nucleares que no se utilizan para abordar costes operativos, lo que representa una carga estimada de 27,3 euros por megavatio hora (MWh) brutos. La variación impositiva en España es única en comparación con otros países con programas nucleares consolidados como Francia, Reino Unido y Suiza.
El comunicado aclaró que Naturgy y EDP no firmaron la propuesta. En el caso de Almaraz, que es parte de la Central Almaraz-Trillo (CNAT), una comunidad de bienes requiere unanimidad entre los socios: Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%).
El Gobierno subraya que la carta de las eléctricas no es más que una declaración de intenciones, condicionada a modificaciones normativas
Juan fuentes ministeriales reiteraron la postura del Gobierno, enfocado en asegurar que cualquier extensión en la vida de las centrales no perjudique a los consumidores ni a los ciudadanos, manteniendo siempre la seguridad y eficiencia económica.
