La posible Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell ha generado preocupación entre destacados políticos catalanes y valencianos, quienes han manifestado que esta operación es «contraria» al interés general. Un grupo compuesto por tres expresidentes autonómicos y cinco exconsellers de Economía ha expresado su rechazo mediante un artículo publicado en el diario ‘Ara’, recogido por Europa Press.
Entre los firmantes, destacan los expresidentes catalanes Pere Aragonès y Artur Mas, y el expresidente valenciano Ximo Puig. También se suman a la crítica los exconsellers de Economía de Cataluña Oriol Junqueras, Andreu Mas-Colell, Natàlia Mas Guix y Antoni Castells, junto con el exconseller valenciano Vicent Soler. Estos líderes han calificado la operación de «insólita» y carecen de argumento para justificarla desde el panorama del interés público.
Han solicitado al Consejo de Ministros un «análisis riguroso porque hay mucho en juego»
y han expuesto cinco motivos para oponerse a la OPA. Entre ellos, mencionan que la operación acentuaría el desequilibrio territorial, además de que el impacto sobre el empleo podría ser extremadamente severo. Argumentan que es fundamental desconcentrar el poder económico de Madrid para evitar estos problemas.
Los expresidentes y exconsellers también han destacado la potencial «exclusión financiera y menor acceso a los servicios», especialmente debido al cierre de hasta 800 oficinas en áreas con baja densidad de servicios bancarios. A su vez, prevén una pérdida importante de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), lo cual, a su juicio, limitaría las oportunidades de financiación para estas entidades vitales.
Se ha subrayado que existiría una «desconexión territorial» del capital financiero ya que mientras que el 85% del margen del Banco Sabadell se genera en España, en el caso de BBVA no superaría el 30%. Finalmente, destacan los riesgos sistémicos derivados de grandes fusiones bancarias, provocando una concentración de poder y riesgos estructurales que podrían comprometer la estabilidad del sistema.
Exigen al Ejecutivo que actúe con «claridad y responsabilidad institucional» para preservar un modelo bancario «más cercano, plural y resiliente»
, refiriéndose a cómo en otros países europeos las autoridades públicas han logrado condicionar o incluso bloquear operaciones similares.
