La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha llamado a la acción al Parlamento Europeo y a los Estados miembros de la Unión Europea para fortalecer el paquete de medidas de automoción previsto dentro de la nueva Ley de Aceleración Industrial. La ACEA busca garantizar que Europa siga siendo un mercado viable para automóviles y furgonetas después de 2030.
Ola Källenius, presidente de ACEA, subrayó la importancia de esta iniciativa afirmando que Europa corre el riesgo de perder su ventaja competitiva, tanto como destino atractivo para la inversión como emplazamiento industrial. Según Källenius, esto podría tener consecuencias significativas para el empleo y la innovación, a menos que se logre una mejor armonización entre la ambición climática, la realidad empresarial y la competitividad global.
Durante la reciente reunión de ACEA, se acordó que la descarbonización es el camino correcto, aunque la flexibilidad introducida en el paquete de medidas de diciembre es considerada bienvenida, pero insuficiente para una transformación real del sector automotriz. La ACEA plantea preguntas críticas sobre la Ley de Aceleración Industrial, cuestionando si realmente fortalecerá la resiliencia y protegerá el empleo o bien añadirá costes y complejidades adicionales a la industria.
De ser esto último, se corre el riesgo de tener el efecto contrario, impulsando el precio de los vehículos y contrayendo el mercado en general
En este contexto, la Comisión Europea presentó un nuevo reglamento que busca reforzar la industria del bloque bajo el emblema ‘Made in Europe’. La normativa introduce condiciones para que proyectos financiados públicamente cumplan con requisitos de producción europea, además de imponer nuevas regulaciones a grandes inversiones extranjeras. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia de Bruselas para reforzar la competitividad ante la creciente competencia global y la dependencia de proveedores externos.
La Ley de Aceleración Industrial se centra en sectores considerados estratégicos, incluyendo industrias intensivas en energía y tecnologías clave para la transición energética como baterías, paneles solares o turbinas eólicas. En el ámbito automotriz, estipula que al menos el 70% del valor de los componentes de los vehículos eléctricos, excluidas las baterías, debe proceder de la UE, y que el ensamblaje final se realice dentro del bloque.
